27 de agosto de 2009
Comunidades exigen reconocimiento a su labor como vigilantes ambientales en el sector minero
En el marco de la presentación de la cartilla “Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos”, que se llevó a cabo ayer en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas, la Red Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa –colectivo integrado por 12 comités de zonas de influencia minera (Cusco, Junín, Áncash, Apurímac, Moquegua y Pasco)- solicitó al Estado el reconocimiento de su labor como vigilantes ambientales en el sector minero.
El objetivo principal de la Red es convertirse en un espacio de diálogo y de concertación entre los comités ambientales, las empresas mineras y el Estado, a fin de evitar conflictos y buscar soluciones a los problemas causados por los impactos de la minería.
Este colectivo cuenta con un equipo técnico conformado por el Ministerio de Energía y Minas, CooperAcción, Asociación Civil Labor, el Centro de Cultura Popular Labor Pasco, Urpichallay, Care, ProDiálogo, así como por las empresas mineras Antamina, Buenaventura, Río Tinto y Yanacocha.
La coordinadora transitoria de la Red de Comités Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo, Lola Gomero Pajuelo, manifestó que el referido colectivo viene trabajando en la formación de coordinadoras regionales con el propósito de consolidar, en un futuro cercano, la Coordinadora Nacional de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo.
Dentro de sus demandas, la Red plantea la necesidad de que las instituciones del Estado (Osinergmin, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y la Dirección General de Salud) delimiten sus responsabilidades y competencias para mejorar el monitoreo, la vigilancia y la fiscalización ambiental minera.
De otro lado, demandan que los órganos desconcentrados como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), las Autoridades Locales del Agua (ALAS), la Dirección Regional de Salud (DIRESA), las Juntas de Usuarios de Riego, las gobernaciones, entre otras, tengan capacidad resolutiva frente a las demandas de la sociedad civil vinculadas al sector minero.
Finalmente, esperan que las empresas mineras se involucren con las actividades de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental, respetando su autonomía y entendiendo al monitoreo como una actividad permanente y participativa.
