Moderado por: Marina Irigoyen y Jorge Falla (Co-coordinadores, GDMDS)
El pasado martes 06 de diciembre, el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) llevó a cabo el conversatorio 10 Años después: Balance y perspectivas de la Consulta Previa en el Perú, el cual tuvo por finalidad, propiciar una reflexión sobre lo acontecido a lo largo de este periodo, abordando el tema desde diversas ópticas, públicas y privadas.
El foro, realizado en el auditorio Colegio de Ingenieros del Perú contó con la participación de Pablo O´Brien, (Analista y consultor en temas sociales), Alberto Barandiaran (Consultor, ex Jefe del SENACE), Juan Carlos Ruiz Molleda (Instituto de Defensa Legal), Raúl Benavides (Compañía de Minas Buenaventura) y Nelly Aedo (Jefa del Programa de Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo).
El evento se inició con los comentarios de Pablo O´Brien, quien hizo una reseña de las características y evolución de la consulta previa a partir de su experiencia en el Ministerio de Energía y Minas. Pablo hizo énfasis en las dificultades que conlleva el realizar la consulta previa, presentando algunas razones por las que los procesos de consulta duran tanto, a partir de la aprobación del plan de consulta. Pablo explicó la forma en que la Oficina de Gestión Social del MINEM abordó la negativa de algunas comunidades a participar en el proceso. Concluyó señalando que el diálogo intercultural entre las comunidades y el Estado no se da, que se percibe una actitud rentista en las autoridades y dirigentes, quienes exigen negociar beneficios adicionales; mientras que otras comunidades y localidades solicitan ser incluidas en el proceso.
Por su parte, Alberto Barandiaran hizo hincapié en la obligación del Ministerio de Energía y Minas de proveer información y facilitar los procesos de retroalimentación, a fin de potenciar las capacidades e identificar las necesidades de los actores involucrados. Prosiguió señalando que la consulta previa debe tener un sentido de unidad en el ciclo de vida del proyecto, para para que cumpla la finalidad para la que fue diseñada: un espacio en el que las comunidades y poblaciones participan en el proceso de toma de decisiones con criterios interculturales sólidos.
Desde una perspectiva jurídica, Juan Carlos Ruiz expuso sobre el balance de la consulta previa, retos y desafíos legales. Para ello preguntó: “¿Cómo podemos exigir consulta –en el pasado- si no lo exigía la ley?”. El derecho a la consulta existía desde el momento en que se ratificó el Convenio 169 OIT, la inexistencia de una ley que desarrolle sus alcances, no impide su realización, como lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional (No.00022-2009-AI/TC). Prosiguió puntualizando que los derechos fundamentales son un criterio de validez material, que todo acto normativo y administrativo realizado con posterioridad a la ratificación de este acuerdo internacional debió ser consultado. Remarcó que, en su entender, se debe consultar los EIA, acorde con la Sentencia de Saramaka de la Corte IDH. Igualmente, considera que se debe consultar el otorgamiento de las concesiones.
En su intervención, Raul Benavides sostuvo la imperiosa necesidad de establecer un diálogo entre todos los actores involucrados; tal como se viene realizando, la consulta previa es un proceso largo y poco práctico. Señaló que, no se trata de recortar derechos, se trata de perfeccionar el marco normativo, abordando temas no previstos en la norma, de modo que las inversiones y proyectos recuperen la predictibilidad que se ha perdido. Los peruanos debemos decidir si queremos minería o no, las trabas y obstáculos a la inversión no contribuyen al desarrollo del país ni a la paz social, requisito indispensable para que las actividades económicas se realicen con normalidad.
A su turno, Nelly Aedo señaló la obligación del Estado de llevar a cabo procesos de consulta previa mediante procedimientos adecuados, eficaces y realizados de buena fe, con intervención de instituciones representativas de los pueblos indígenas cuyos derechos colectivos podrían verse directamente afectados por la ejecución de un proyecto o la dación de una medida administrativa. Una limitación es que los pueblos indígenas, al carecer de asesoría especializada, tienen menos posibilidades de aporte. Este enfoque se debe traducir en un diálogo intercultural, con énfasis en el cumplimiento irrestricto de los derechos de estas poblaciones. Prosiguió señalando los avances logrados en este proceso en estos diez años, reconociendo la importancia de realizar cambios para que la consulta sea más horizontal y participativa.
Culminadas las intervenciones de los panelistas, Marina Irigoyen puntualizó la importancia del diálogo en el que se escuchen opiniones contrapuestas, enfoques diferentes, en un afán de encontrar puntos de consenso. Jorge Falla aclaró que no se concesiona el territorio, la obtención de una concesión minera otorga a su titular un derecho real para explorar y explotar los minerales que se encuentren en subsuelo de la concesión, para lo cual deben gestionarse todos los permisos ambientales y operacionales requeridos, antes de iniciar actividades. Seguidamente, el público asistente --presencial y virtual-- formuló preguntas, las cuales fueron respondidas por el panel.
Tras una ronda final de intervenciones de los panelistas, y las palabras de despedida de los moderadores -quienes coincidieron en señalar que hay discrepancias, pero también coincidencias, las cuales deben ser trabajadas- se dio por clausurado el foro, deseando a todos y todas unas felices fiestas, y que el diálogo fructífero continue.
