Durante semanas se ha vivido una tensión que va más allá del caso Tía María; de un lado la autorización de construcción otorgada al proyecto, del otro, el desconocimiento del proceso por autoridades locales y sectores poblacionales, señalando la carencia de legitimidad social. El clima de reclamos se extendió a toda la minería formal, a otros proyectos en la misma Arequipa, Moquegua, Tacna, poniendo incluso en entredicho los acuerdos de las mesas de Las Bambas.
La convivencia civilizada parte del reconocimiento de derechos y deberes, los cuales rigen para todos: autoridades, empresas, pobladores y organizaciones sociales. Teniendo como punto de partida la desconfianza, observamos con preocupación un interés de crear condiciones de caos y zozobra, de generalizar el conflicto. Los recientes actos de violencia en Arequipa ponen de manifiesto varios hechos: un gran resentimiento de un sector de la sociedad (i), presencia de elementos violentistas, mimetizados entre los opositores al proyecto (ii), así como un desembozado afán de protagonismo más allá de sus competencias de ley, por parte de algunas autoridades subnacionales (iii), falta de rumbo del gobierno central, entrampado también por la contienda con el legislativo (iv), inacción y serios errores comunicacionales por parte de la empresa (v).
Reiteramos el llamado a la paz, estamos a tiempo de prevenir una espiral de violencia, privilegiando el diálogo sin condiciones previas, requisito indispensable para que sea fructífero. La "tregua" de cuatro meses fruto de la intervención del Consejo de Minería, ante el pedido de nulidad de la autorización otorgada, debiera ser el punto de partida de una profunda reflexión, los argumentos técnicos y económicos deben armonizarse con los criterios sociales.
Un nuevo elemento ha aparecido en semanas recientes, el anuncio presidencial de una nueva la Ley General de Minería ha remecido a la opinión pública; a lo largo de sus 27 años la norma vigente ha sufrido modificaciones, su razón de ser es establecer el marco general para llevar a cabo actividad minera en el país, fue promulgada antes que muchos temas de actualidad existieran. Cabe acotar que, en nuestra legislación, los temas ambientales y de seguridad son desarrollados en sus respectivos reglamentos, los pasivos tienen su ley, la consulta previa tiene su ley. Esto no impide que la nueva Ley General de Minería recoja estos temas; la pregunta es cómo canalizar el debate en aras del bien común.
En este contexto cabe preguntarse qué pasará con Rimay, ese espacio multiactor generado por el Ejecutivo, supuestamente llamado a ser la plataforma para la generación de consensos que contribuyan a la gobernabilidad democrática, hoy relegado al olvido. Es el momento de pensar en oportunidades estratégicas para la minería; por ejemplo, establecer un vínculo directo entre la renta minera y la promoción de la salud y educación en las zonas de influencia minera, articulado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Se trata de promover proyectos de desarrollo a partir de procesos de planificación concertada nacidos en plataformas multiactor.
Siendo la minería una actividad compleja, altamente especializada, y que aspira a ser responsable y de altos estándares sociales, ambientales y técnicos, es tiempo de repensar las formas de relacionamiento de empresas y comunidades en un escenario rural de economías campesinas basadas en el minifundio, agravado por la ausencia del Estado, siempre a la zaga de las siempre crecientes expectativas, donde muchos gobiernos subnacionales actúan como si no fueran parte del Estado, de espaldas a sus carencias y debilidades de larga data. Seguimos apostando por el diálogo sobre estos, y otros temas, en la búsqueda de caminos consensuados.
Jorge R. Falla Marina Irigoyen A.
