Entrevista a Marina Irigoyen, co coordinadora del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, sobre el escenario de conflictividad social que se viene incrementando en el país y las medidas adoptadas por el actual gobierno. Entrevista realizada para la revista Apuntes a Lápiz N°45.

AaL: ¿Cuál es el balance de la conflictividad socioambiental del año Bicentenario?
Este ha sido un año complejo, los conflictos socioambientales no solamente no han disminuido, sino que se han incrementado en intensidad alrededor de las industrias extractivas. Sabemos que los conflictos sociales son parte de los procesos de una sociedad, pero depende del compromiso por el diálogo de todos los actores y de generar mecanismos institucionalizados para poder gestionarlos. Eso es lo que no está funcionando en nuestro país.

El esfuerzo que durante el Gobierno de Transición llevó a cabo la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, buscando cambiar el abordaje de los conflictos y apuntando más a la prevención que a intervenir en el estallido del conflicto, sufrió un brusco pare en los primeros meses de gobierno del Presidente Castillo: con la validación de formas de relacionamiento escasamente dialogantes; con la pérdida de recursos humanos y de la institucionalidad; con compromisos poco rigurosos, a cargo de las más altas autoridades. Más recientemente desde el Estado -y particularmente la PCM- se está tratando de revertir ese enfoque pero falta mucho.

El “embalse” de expectativas y compromisos de años atrás estalló sin tener actores públicos y actores políticos con capacidad para procesarlos. El panorama de COVID-19 se sumó a las frustraciones poblacionales.
No va a ser fácil gestionar la conflictividad en los próximos meses, porque no solo la población de las áreas de influencia tiene demandas. Bajo el tapete, las empresas presionan para que no se toque la reforma tributaria en lo referido a la minería, estando en proceso una consulta al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los posibles pasos a tomar. Los sindicatos mineros también han pasado a tener voz en la situación demandando tanto continuidad de la inversión minera como mejoras. El Gobierno no ha mostrado una dirección unificada para enfrentar la situación.

AaL: ¿Cree usted que la conflictividad aumentó por las expectativas que generó el gobierno de Pedro Castillo? ¿Considera usted que el gobierno con el respaldo popular que tenía en el Sur pudo hacer algo más para que
los conflictos no escalaran?
Fueron muchas expectativas generadas, particularmente en el sur peruano donde la candidatura del Presidente Castillo tuvo un apoyo poblacional hasta del 96%. Los múltiples ofrecimientos, los tiempos de maduración y respuesta a demandas contenidas, pero sobre todo la forma en que se han procesado los compromisos en las mesas de diálogo, la dificultad del Estado para atenderlos o que son compromisos imposibles de viabilizar (como una universidad u hospital en un ámbito que no correspondería) pintan un panorama muy complejo para el Gobierno. Esta situación debió ser claramente comunicada en aras de la transparencia del Estado (ya habían reportes de la Defensoría del Pueblo y de la PCM sobre lo complicado que sería atender los compromisos), pero no se hizo.

La situación tuvo su más reciente estallido con el bloqueo de las comunidades de Chumbivilcas, que termina en una nueva Acta de Compromisos. No todo está perdido, recién han pasado cinco meses de gestión, pero un cambio en la dirección del timón podría costar más bajas en popularidad que se puede frenar si se convoca a un amplio diálogo con diferentes fuerzas políticas y sociales.

AaL: ¿Qué opina de la suspensión de las operaciones de MMG las Bambas? ¿Qué efectos tendrá su retiro para el sector minero?
Alguien señaló: Lo que empieza mal, termina mal. Suena catastrófico, y darle vuelta al timón tiene elevados costos como se ha indicado. Sabemos que el proyecto inicial de Las Bambas suponía un mineroducto para trasladar el mineral hasta el puerto, lo cual fue dejado de lado por los cambios en la propiedad de la mina optando por llevar el mineral en cientos de camiones por una ruta afirmada que luego sería declarada vía nacional. La población ha protestado por años ante los impactos ambientales y ha exigido cambios y compensaciones, exigencias que se han incrementado más recientemente. A esta situación se aúna la lentitud en la inversión y satisfacción de demandas en el sur andino, por parte de los gobiernos regionales y municipales, siendo ámbitos de reconocidas necesidades; proceso que va de la mano de una creciente corrupción además de la falencia de capacidades técnicas de funcionarios y autoridades.
Tras el bloqueo de Chumbivilcas y el cierre temporal de las operaciones de MMG Las Bambas, el 30 de diciembre se ha llegado a un nuevo acuerdo, básicamente: oportunidades de trabajo para las comunidades (mantenimiento a las vías de parte de empresas comunales locales); saneamiento físico legal para tener luego compensaciones económicas; evaluación de la inclusión en la cadena de valor (para tener oportunidades de ventas, por ejemplo). Ello es base de un diálogo y puede ser una oportunidad para enfrentar las brechas sociales y económicas de este ámbito. También se delinea un calendario para tratar otros aspectos. Y la empresa se compromete a considerar a dichas comunidades como Área de Interés Social y Ambiental, lo que implica que bajo este tratamiento pueda invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero. MMG señala también que en pocos días reanudará actividades. La PCM plantea que considerará a estas comunidades como Zona de Atención Especial y hará seguimiento expreso a la readecuación del EIA de Las Bambas. Aparentemente se apunta a un Valor Compartido, el diálogo se ha restablecido y entidades como Red Muqui saludan este acuerdo.
Mas llama la atención que como resultado de estas protestas el tratamiento a los impactos ambientales, punto de origen de las protestas, ya quedaron relegados. No se visualiza inversión en un mineroducto o ferrocarril. ¿Qué pasará si en determinado momento la empresa decide retomar los estudios y asume la construcción del ferrocarril?
Otro punto. ¿Estarán las comunidades de Apurímac satisfechas que sean sus vecinos de Cusco los beneficiados con los servicios de transporte? Aquellos que no tengan empleo en las empresas comunales, ¿No generarán conflictos? ¿Y qué sucedería si los transportistas –empresa comunal deciden incrementar los costos del transporte y la empresa considera que están sobrevaluados?
Grandes temas por delante. Se estaría generando una dependencia entre comunidades y empresa, y poco se apunta a un desarrollo diversificado. Desarrollar y llevar en paz este acuerdo requerirá hilar fino por delante.

AaL: ¿Cuáles son las perspectivas del sector minero en este gobierno?
Tanto la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros como la Defensoría del Pueblo han realizado muy recientemente estudios que muestran que hay múltiples compromisos que no se cumplen, por diversos factores: falta de seguimiento y claridad de responsabilidad, los plazos, etc. Pero son responsabilidades que se deben calibrar y asumir. Urge que el Estado, con apoyo de la cooperación internacional si fuera necesario, desbroce el camino y apuntale el cumplimiento, en lo posible. Potenciar capacidades de los gobiernos descentralizados se hace necesario, para que la inversión se concrete.

Revisar el cumplimiento de los compromisos de las empresas frente a las comunidades es parte del rol de Estado. No siendo el único caso de conflictividad el de Las Bambas, una política general se hace necesaria. Una idea que se perfila es la convocatoria del Acuerdo Nacional para institucionalizar el Diálogo y un Acuerdo sobre la Minería, retomando la Visión de la Minería al 2021, que el Rimay procesó con actores públicos y privados durante tres años, con una experiencia piloto descentralizada en Moquegua. Solo consensuando una Agenda en común podrá continuarse en ese sentido.

Los partidos deben tener una voz clara y firme ante a las industrias extractivas. Tienen la oportunidad de formar cuadros políticos y descentralizados desarrollando sus capacidades para el diálogo. Ser críticos no quiere decir ponerse de lado. Se requiere una sociedad civil fortalecida en las regiones, con capacidades técnicas, comunicacionales, dialógicas y con perspectiva de acción multiactor, con una mirada de desarrollo sostenible.
De eso no se habla mayormente, nos toca repensar cómo apuntalar a la sociedad civil. Solo conjugando estas diversas piezas, con apertura del diálogo multiactor, la minería puede ser una apuesta colectiva que coadyuve al desarrollo sostenible. Le queda al Gobierno del Presidente Castillo liderar el proceso para aprovechar la coyuntura de subida de precios y guardar pan para mayo.

Fotografía: Ojo Público