El pasado lunes 30 de noviembre una delegación conformada por el equipo de relaciones comunitarias de la compañía de minas Buenaventura, liderados por el Ing. Raúl Benavides,  recibió en sus instalaciones a Javier Alarcón de V&C Analistas, Alfredo Cafferata de Quórum Consultores, Karina Peña de Asociación Civil LABOR, José Luis López de Care Perú, Dante Vera  del Grupo norte, y a las abogadas Ángela Chávarri y  Clara García,  todos ellos representantes de la Comisión de Tierra, Minería y Comunidades del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible.

La reunión giro en torno a las siguientes interrogantes: 1) ¿Qué se piensa sobre las normas que rigen la servidumbre minera y el Convenio 169 en lo concerniente a los permisos de exploración y explotación minera en tierras de comunidades?, 2)¿Qué problemas y que alternativas se encuentran para desarrollar armoniosamente un proceso de consulta de las actividades mineras en tierras de comunidades?, 3)¿Qué se piensa sobre las alternativas existentes para facilitar las negociaciones y acuerdos con las comunidades en materia de cesión de tierras?

Durante el intercambio de ideas, se identificó que el problema principal sigue siendo cómo acceder a la tierra.  Se reconoció que el convenio 169 de la OIT no reconoce un derecho a veto y que no existe un caso emblemático que la respalde. Además, la dinámica social en la que se desenvuelve la minería se caracteriza por la poca cohesión social y  la baja legitimidad de sus autoridades locales que han perdido autoridad. 

La globalización ha impactado en las  poblaciones modificando las dinámica social y política de las comunidades que hoy son distintas a como se concebían en décadas anteriores. En la actualidad es difícil encontrar identidades colectivas homogéneas en las comunidades, sin embargo la legislación las trata  como un grupo unitario y homogéneo.  Por lo tanto se requiere construir confianza y buscar  procesos de consulta que vayan más allá de las audiencias.

En este sentido la legislación actual podría constituirse en un candado para el proceso de consulta. Es importante tener en cuenta que para la empresa, lograr la participación de las dos terceras partes de la población para obtener la autorización respectiva es muchas veces difícil de lograr, más aún si se tiene en cuenta que aproximadamente el 50% de la población de las comunidades es migrante y existe una débil institucionalidad regional y local que acompañe estos procesos.

Respecto a la propuesta para que las comunidades sean socias de las empresas, se precisó que la condición de socios, otorga a las comunidades un estatus con derechos y responsabilidades, si las comunidades se hacen socias, no solo compartirán las ganancias y oportunidades con la empresa, sino también los riesgos.