- Informe de buenas prácticas en consulta previa es un trabajo coordinado entre las defensorías del pueblo de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.
- Es una oportunidad de diálogo con un sector vulnerable de nuestras sociedades y una herramienta que permite prevenir conflictos sociales.
Con el fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas, las defensorías del pueblo de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, han acordado implementar el proyecto “Estándares Regionales comunes de actuación defensorial para la supervisión de los procesos de consulta previa”, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Cooperación Alemana - GIZ.
La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas reconocido por el Convenio N° 169 que les permite participar del proceso de toma de decisiones. A través del diálogo intercultural, se pueden llegar a acuerdos para una mejor protección de sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, a su identidad cultural, entre otros.
Para el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, la consulta previa es un tema pendiente en nuestra agenda que se ha venido trabajando de manera conjunta con los países de la región para hacer efectivos los derechos pueblos indígenas. “En este espacio no solo vamos a intercambiar experiencias y adquirir conocimientos, si no que vamos a hacer efectivos los derechos de nuestros pueblos indígenas”.
Este es un esfuerzo colectivo de órganos de protección de derechos humanos y son un referente que puede guiar nuevas intervenciones, para las defensorías, a favor de la consulta previa.
Para las defensorías del pueblo, la adecuada implementación de la consulta no solo representa un necesario esfuerzo del Estado para cumplir con sus obligaciones hacia los pueblos indígenas, sino también es una oportunidad de diálogo con un sector vulnerable de nuestras sociedades y por ende una herramienta que permite prevenir conflictos sociales.
El defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, dijo que con este documento se está dando un paso importante, “es un derecho de los pueblos y con este documento, fruto del esfuerzo en conjunto, dado que tenemos realidades en común, se podrá verificar el correcto ejercicio de la consulta previa”.
En el caso del Perú, los 34 procesos de consulta implementados en nuestro país dan fe de los beneficios de su implementación. De estos, 22 procesos corresponden a proyectos vinculados a actividades extractivas en hidrocarburos y minería, cuya implementación no ha sido un obstáculo para las inversiones en estos sectores.
Descarga la publicación aquí:
