(16/05/2012) Iván Lanegra, Viceministro de Interculturalidad, sostuvo un enriquecedor diálogo con 25 líderes que participan en el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDM), aclarando dudas y generando nuevas interrogantes en relación a la ley de consulta, su reglamento e implementación. Estuvieron entre otros, representantes de ONGs: Care, ProDiálogo y PeruBosques; empresas mineras: Río Tinto, Buenaventura, Inment y Goldfields; así como consultoras especializadas: Orasi, Quorum Social Consulting y Futuro Común.
Este encuentro se dio en las oficinas de Care desde las 9 a.m. hasta las 11:28 a.m., y fue posible gracias al apoyo del Proyecto Dialoga (Alianza por la transformación de conflictos en las industrias extractivas).Cabe resaltar que en el GDM, recientemente se estuvieron trabajando temas afines en dos de sus comisiones: la Comisión de Consulta y la Comisión de Estudio de Impacto Ambietnal (EIA) y participación ciudadana.
Milo Stanojevich, Director de Care Perú y Ana María Vidal, coordinadora del GDM, dieron la bienvenida a los asistentes, dando paso a la exposición del Viceministro, quién explicó acerca del proceso que se ha seguido para llegar a una opinión consensuada sobre la aplicación del reglamento, el que ha entrado en debate público, y ha generado nuevas demandas por parte de diversas organizaciones indígenas.
Además, expuso en detalle sobre el carácter procedimental de la ley, precisó que se buscará generar diálogo y acuerdos, pero que, en caso no se produzcan, el Estado puede tomar la decisión. Subrayó, sin embargo, que ésta tiene que asegurar la supervivencia del pueblo indígena, respetar el marco de la legislación ambiental y sus derechos fundamentales, así como garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas (PPII).
Asimismo, resaltó las tres fases de la consulta: 1) etapa de información (30 - 60 días), 2) Acuerdo interno de las comunidades indígenas para saber si están de acuerdo con la medida (30 días), 3) Etapa de diálogo: representantes acreditados de los PPII se sientan a la mesa con los funcionarios públicos responsables del proceso de consulta (30 días).
Indicó que existe una base de datos pública con distritos georeferenciados, que pronto estará a disposición de toda la ciudadanía. Hasta el momento se han identificado 52 pueblos indígenas, principalmente concentrados en el sur y el centro del país, sin embargo esta lista quedará abierta para aquellas comunidades que soliciten integrarla.
En la segunda parte de la reunión surgieron inquietudes acerca del carácter de la ley, Kira Bruning (Goldfields) y Javier Alarcón (consultor) expresaron su preocupación por la complejidad del sector minero, el cual demandaría precisar afectaciones directas en varias de sus fases: exploración, explotación, aprobación de un EIA, etc. Al respecto el Viceministro dijo que cada sector estatal (Energía y minas, transporte, social y actividades renovables) estaría encargado de señalar que medida será sometida a consulta de acuerdo a cada circunstancia específica y a la información recibida.
Desde las consultoras surgió una interrogante común sobre la implicancia de la ley en los EIA, en ese sentido Iván Lanegra indicó que de darse el caso, el proceso de participación ciudadana será paralelo al de consulta, luego de la audiencia del EIA empezaría la etapa de diálogo de la consulta y los últimos que plantearían observaciones a este instrumento serían los PPII.
Alfredo Cafferata, consultor independiente y catedrático universitario, señaló que existen debilidades en cuanto a la interpretación y aplicación de la norma de consulta previa porque no está respondiendo a las necesidades de las poblaciones indígenas, especialmente en la defensa del derecho de propiedad colectiva, que es la base de identificación de los PPII.
Respecto a la participación de la empresa, el viceministro y asiduo participante del GDM señaló que la etapa de información es absolutamente coordinada con la empresa y que la norma permite al estado convocarla también en las otras fases, sobre todo en la etapa del diálogo.
Finalmente expresó que la ley de consulta va generar una presión para que los mecanismos de participación ciudadana sean mejorados, de manera que alcance un standard semejante a la misma ley. Además, ofreció para el mes de junio un taller donde los miembros del GDM sean capacitados sobre la base de la guía metodológica para la aplicación del proceso de consulta, informó que de la misma manera se está realizando con todos los actores que participan de este proceso.
