• Foro virtual: Transmitido vía Zoom y Facebook
• Moderado por: Marina Irigoyen y Jorge Falla, co-coordinadores del GDMDS
• Realizado el 27 de mayo de 2021

La Presidencia de Consejos de Ministros (PCM), desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, viene implementando un nuevo enfoque en la gestión de conflictos sociales, basado en la prevención y  la construcción de consensos a partir del diálogo, a partir de una articulación multinivel, tanto intersectorial como regional y comunal; así lo precisó Javier Caravedo, (Subsecretario de Prevención y Seguimiento, Secretaria de Gestión Social y Diálogo, PCM)  en el foro virtual   "Avances en gestión social, diálogo y sociedad civil- Monitoreo y seguimiento de acuerdos”. El evento tuvo lugar el 27 de mayo, fue organizado por el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, y contó con la participación de especialistas que dieron a conocer los avances en materia de gestión de la conflictividad social implementados por esta entidad.  

La gestión de la conflictividad social en tiempos de pandemia

Pese a que los conflictos se paralizaron al inicio de la pandemia (marzo 2020), por las medidas de aislamiento social a causa de la pandemia, se reactivaron en la segunda mitad del año, en relación al COVID-19 y a la crisis sociopolítica. En lo que va el año 2021, la Secretaria viene monitoreando 80 conflictos, dos de los cuales fueron considerados críticos: el paro nacional de transportistas, y el paro agropecuario.

Durante este tiempo se implementó el uso de canales virtuales para promover espacios de diálogo, “empezamos a trabajar en el diálogo digital, preparamos un protocolo para trabajarlo desde la Secretaría y luego desde los otros sectores”, detalló Caravedo. Estos canales virtuales se complementan con espacios de diálogo presencial y mixto, teniendo en consideración la brecha digital en las comunidades rurales, pero también porque algunos actores no confían en los espacios digitales.   

Monitoreo y seguimiento de compromisos

Cesar Bedoya (Subsecretario de Diálogo y Sostenibilidad, PCM) explicó que vienen trabajando, de forma sistemática y estratégica, para institucionalizar el abordaje del conflicto y seguimiento de los compromisos desde el rol del Estado, estableciendo protocolos y lineamientos que permitan sentar las bases para que el próximo gobierno continúe trabajando a partir de lo avanzado.

Bedoya precisó que, dados los limitados recursos de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo, priorizaron el seguimiento de conflictos en zonas con mayores niveles de conflictividad y acuerdos suscritos, estructurando por frentes: sector Amazonia (eje petrolero), corredor sur (eje minero), Ayacucho Sur y otros frentes. Del 2015 a la fecha, en la Amazonía se contabilizaron más de 500 compromisos, en el corredor minero sur 400, en otros espacios 141 compromisos. El proceso de seguimiento consiste en analizar las actas, organizarlas, sistematizarlas, ingresar los datos a un sistema de gestión de la información y hacer el seguimiento de su cumplimiento. A partir de los acuerdos se establece el tipo de seguimiento, muchos de ellos están vinculados con la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIPs).

Otro desafío que reconocido es la diversidad en la formulación de los acuerdos y la redacción de las actas. La mayoría de “cuellos de botella” están en la redacción, lo que impide el seguimiento. Desde el Programa de Estandarización de los Procesos de Monitoreo y Seguimiento de Compromisos, se vienen generando herramientas y lineamientos para una mejor gestión del cumplimiento de los acuerdos. “Estamos trabajando en la formulación de criterios. No queremos necesariamente formatos, pero sí establecer criterios básicos que permitan facilitar el seguimiento de los mismos”, sostuvo.

Actas de compromisos “SMART”

La Secretaría tomó como base la metodología de gestión SMART para la formulación de las actas de compromiso, permitiendo que sea un documento de gestión eficiente y que permita el monitoreo. “Se tiene que tener claridad en la redacción de las actas para darle un eficiente seguimiento”, precisó Pedro Vásquez (Coordinador, Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad, PCM). El especialista indicó que las siglas de esta novedosa metodología aluden a las siguientes características:

• “S” de especifico. Los compromisos tienen que ser bien definidos y específicos. Se debe diferenciar entre un pedido y un compromiso. En un acta puede haber muchos pedidos de la población, pero eso no implica que serán cumplidos. El compromiso implica una respuesta afirmativa, de logro de la contraparte.
• “M” de medible. Buscar que sean lo más cuantificable posible, asignarle un valor para ir monitoreando el avance del logro. Responder a la pregunta: ¿qué porcentaje de avance queremos lograr?
• “A” de asignado. Implica la asignación de roles a los actores para el cumplimiento de los compromisos. Si el cumplimiento demandará un largo tiempo, los responsables pueden ir cambiando en cada etapa. Es fundamental identificar quién es responsable en cada etapa y quienes darán el soporte necesario para su cumplimiento.  
• “R” de realista. Significa formular los compromisos en función a las capacidades, a los recursos y las limitaciones de los actores. Es importante conocer la motivación de los actores, sus competencias, sus procedimientos administrativos, las barreras para su cumplimiento, entre otros. 
• “T” de tiempo acotado. Establecer claridad de los tiempos involucrados para todos los actores, especialmente en compromisos de alta complejidad. Responder a las preguntas: ¿en cuánto se espera lograr el compromiso?, ¿existen etapas?

Plataforma digital para la gestión de conflictos sociales

La Secretaria viene implementando una plataforma digital para la gestión de conflictos sociales, con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), canalizado por la ONG Propuesta Ciudadana; el apoyo para la implementación de las próximas fases será brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Se necesitaba contar con una plataforma que integre la información de las tres secretarías, que ayude a facilitar la toma de decisiones, la comunicación y articulación”, indicó Miguel Herrera, quien forma parte del equipo de la Secretaria.

Herrera indicó que el diseño simplificado de esta plataforma genera eficiencia en horas/hombre y permite la elaboración de reportes dinámicos, que evolucionando con el tiempo. Otras entidades de alcance nacional, regional y local, puedan usar esta plataforma en la gestión de información para el manejo de conflictos.

El primer módulo habilitado aborda el seguimiento estratégico de compromisos, enfocado en los casos políticamente priorizados, prosiguió Herrera, esto permite reducir cuellos de botella en el cumplimiento de compromisos.  “Esta plataforma, en este módulo, permite analizar el cumplimiento de los compromisos según variables geográficas, sectores subnacionales regionales y el ciclo del proyecto de la inversión pública”. Progresivamente se irán implementaron otros módulos vinculados a la gestión de conflictos, contribuyendo a la paz social en el territorio y elevar la percepción de cumplimiento de los compromisos por parte de la población.

Visión de transparencia

El Grupo Propuesta Ciudadana, con más de 15 años en el seguimiento a las actividades extractivas, inició las coordinaciones con la Secretaria el 2019, para implementar esta plataforma, buscando contribuir al objetivo de gobernanza de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). 

Epifanio Baca (Director de Proyecto, Grupo Propuesta Ciudadana) indicó que esta plataforma es una herramienta potente y, en primer lugar, permitirá un mejor seguimiento a los compromisos suscritos en las actas, reconoce que “el incumplimiento de compromisos es uno de los factores más importantes que implica la gobernabilidad en nuestro país”.

Asimismo, refirió que cuando la plataforma esté completa, permitirá la gestión de información para la toma de decisiones de manera oportuna y el acceso público de la ciudadanía. “Esta característica es fundamental para la ciudadanía frente al sector extractivo, es importante que la ciudadanía, especialmente donde hay actividad extractiva, puedan conocer los compromisos, convirtiéndose en un mecanismo de seguimiento y presión desde la propia ciudadanía”, precisó.

Finalmente, Baca enfatizó que “desde Propuesta Ciudadana, conjuntamente con USAID, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar este trabajo. Esperamos que el cambio de gobierno no detenga esta iniciativa y el enfoque de trabajo en la gestión de conflictos sociales (de PCM)”.

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