Importantes conclusiones se vertieron en tercera reunión de la Comisión Tierra, Minería y Comunidades: a) El catastro rural es fundamental para negociaciones. b) Falta modelo tripartita relacional: Estado, empresa y comunidad para tratar el tema de propiedad de la tierra.

Con motivo de aclarar el panorama sobre el estado de la cuestión referido al  tema de tierra, minería y comunidades,  el pasado viernes 16 de octubre se llevó a cabo la tercera reunión de la Comisión de Tierra, Minería y Comunidades en el local de Care. El fructífero encuentro, presidido por Alfredo Cafferata, coordinador de la comisión, contó con la presencia de representantes de ONGs, consultoras  en minería y la Defensoría del Pueblo.

Una primera conclusión fue que el conflicto en Bagua ha logrado poner  el  Convenio 169  en agenda del debate público. Las comunidades se han empoderando, logrando una mayor simetría entre: Estado, empresas y pueblos indígenas.

Esta reconfiguración de las relaciones de poder obliga a revisar la legislación vigente como la ley de servidumbre minera. Respecto a ello, José Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible,  fue enfático al afirmar  la necesidad de pasar de un modelo compra-venta de tierra a uno que asegure la participación de la comunidad en los beneficios.

Sobre la participación comunal,  es necesario tener en cuenta las particularidades socio políticas,  su intensa dinámica social (fundamentalmente migratoria) y su  sistema de toma de decisiones.  Por lo que las propuestas que se elaboren al respecto tienen el reto de  plantear  mecanismos más acordes a su realidad respetando su cultura y propia forma de organización.

Un aprendizaje que se puede rescatar es que las comunidades que cuentan con interlocutores fortalecidos y con un tejido social más sólido tienen más posibilidades  de negociar con la empresa.

La principal dificultad identificada que limita el mejor entendimiento entre el Estado, las empresas inversionistas y los pueblos indígenas es el hecho de que no hay una entidad oficial que designe los límites de un distrito, lo cual complica el accionar de las empresas que llegan a operar a las comunidades. Este problema del ordenamiento territorial es recurrente sobre todo cuando no se cuenta con el tan necesario catastro rural y el 70% de los predios no están georeferenciados.

Además, considerando que el Convenio 169 es el marco que regula las relaciones entre el Estado, las actividades minero-energéticas y los derechos de los pueblos indígenas es necesario precisar hasta donde llega la jurisdicción de estos pueblos –en muchos casos el municipio se ha puesto sobre los territorios comunales- y, a su vez si la consulta significa necesariamente consentimiento.

Siguiendo esta misma línea, se insistió en que  los proyectos de desarrollo de las empresas deben ir más allá de la buena intención dejando de ser cortoplacistas y con la participación de todos los actores, sobre todo con un papel significativo de las pequeñas comunidades.

También es importante percatarse de cuál  debe ser la nueva forma de relación entre empresa y comunidad, sin olvidarse que una vía elemental es mantener el diálogo cultivando las relaciones de confianza.

La conclusión más importante a la cual se llegó gracias a esta reunión, fue que hace falta un modelo tripartita donde se incluya la relación de: comunidad, empresa y Estado, o una secuencia con esquemas bilaterales, teniendo como antecedente a la servidumbre minera (empresa-comunidad) y Convenio 169(Estado –comunidad), en esta misma línea, la generación de un  protocolo que tome en cuenta a los tres actores podría ser un importante aporte de la comisión.

¿Sabías que?

El premio nobel de economía 2009, Elinor Ostrom, ha demostrado que la gestión local de los recursos ha sido mucho más exitosa que la de gestores externos. El motivo es que cada sociedad va creando sus reglas elementales de forma natural, a través de asociaciones voluntarias –que van evolucionando con el tiempo–, mientras que un agente externo –como el Gobierno central–  puede crear normas que no son legítimas para la sociedad y, por tanto, las evade.

Preguntas pendientes

-Hay una tendencia a explotar la selva y por eso preocupa que no se estén  considerado ciertos impactos como algunos proyectos que provocan la destrucción de las especies, ¿Debería haber una compensación por la pérdida de la biodiversidad?

-¿Cómo se debe aplicar el Convenio 169? ¿Cómo se debe implementar?

- ¿El tema de la titularidad de zonas económicas-ecológica es un problema estructural?