• GDMDS presenta 10 propuestas para desarrollar una política pública efectiva en el sector MAPE

• Próximamente se buscará negociar con ellos con miras a alcanzar dicha política y leyes consensuadas

La necesidad de revisar y derogar algunas normas recientes aprobadas por el Congreso que podrían estar beneficiando a la criminalidad organizada, así como intensificar el control territorial de las zonas dominadas por la minería ilegal, son algunas de las "Diez Propuestas para una Pequeña Minería y una Minería Artesanal Responsables".

Se trata de un documento elaborado por el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y la formalización de la minería en el Perú.

Esta iniciativa busca abordar la problemática de la informalidad minera en un escenario donde diversas políticas públicas no han dado resultados en los últimos 20 años.

Las propuestas son resultado de reuniones que ha venido sosteniendo el GDMDS desde principios de este año, así como de entrevistas y encuentros con una multiplicidad de actores y protagonistas del sector. En un futuro inmediato se espera negociar con ellos con miras a buscar una política y leyes para el sector, sustentadas en consensos entre el Estado, los pequeños mineros y la sociedad civil. 

EL GDMDS espera que estas recomendaciones sean consideradas por las autoridades competentes y sirvan como base para el desarrollo de una política efectiva que pueda ir resolviendo la problemática de un sector gravitante para la economía y sociedad peruana.

Diez Propuestas para una Pequeña Minería y una Minería Artesanal Responsables:

1. Reasignación de recursos: Es crucial que el Estado invierta de manera proporcional lo que gasta en operativos de interdicción y lo gasta en la formalización de la minería. (Por cada sol gastado en operativos de interdicción, invierta 9 en la formalización de la pequeña minería y minería artesanal --MAPE).
2. Articulación estatal: Es indispensable atacar la desarticulación de organismos del Estado y la superposición de funciones entre los sectores con competencia en la pequeña minería y minería artesanal.
3. Reforma institucional: Se necesita modificar el actual ordenamiento institucional para incluir incentivos que promuevan la formalización de estos sectores.
4. Reconocimiento de la minería tradicional: Es fundamental que se reconozca legalmente a las pallaqueras y cacharreros dentro de la categoría de "minería tradicional".
5. Mediación en contratos de explotación: La utilización de mediadores neutrales e independientes puede facilitar acuerdos entre la gran minería y los pequeños mineros, transformando conflictos en colaboraciones que generen valor para ambas partes.
6. Trazabilidad y control: El Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO) debe integrarse a un sistema de trazabilidad que permita identificar y reducir la minería ilegal, diferenciando claramente a los mineros en vías de formalización de aquellos ya están formalizados.
7. Recuperación del orden interno: Se debe intensificar el control territorial de las zonas dominadas por la minería ilegal, con operaciones y acciones de inteligencia para capturar a los líderes de las organizaciones criminales infiltradas infiltrados en este delito.
8. Revisión legislativa: Es necesario revisar y derogar algunas normas recientes aprobadas por el Congreso que podrían estar beneficiando a la criminalidad organizada.
9. Distanciamiento de la minería ilegal: Es vital que los pequeños mineros formales y en proceso de formalización marquen una distancia clara de la minería ilegal, especialmente aquella asociada al crimen organizado.
10. Colaboración internacional: La colaboración con países vecinos y organismos internacionales es crucial para enfrentar el crimen organizado transnacional que opera en el sector.

Atte.

Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS)