A través de un pronunciamiento, las comunidades campesinas, organizaciones sociales, frentes de defensa y los alcaldes de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso, en Apurímac, aclararon que deslindan con "agendas oscuras" de personas extrañas a sus reclamos a la empresa minera MMG Las Bambas y al Estado.

Así, en el documento se puede leer que "en los últimos meses personas extrañas con intereses  subalternos se han hecho presentes en nuestra provincia para aprovecharse de nuestras demandas legítimas, distorsionarlas y obtener beneficios económicos, políticos e ideológicos".

Señalan que el abogado Ivan Ovalle y los hermanos Chávez Sotelo vienen "ocasionando enfrentamiento y división en las comunidades en función de sus particulares intereses económicos".

Actualmente estas personas asesoran a las comunidades de Quehuira, Allahua, Choquecca y Pumamarca en sus reclamos a la empresa MMG, a cargo de Las Bambas. Estas cuatro comunidades mantienen bloqueado el acceso de camiones al proyecto minero.

"Respetamos su posición, pero no la compartimos. Nosotros tenemos en la actualidad un proceso legal, pues la minera ha vulnerado los derechos de la comunidad, y con el Estado por no cumplir con la consulta previa", afirmó Frank Chávez Sotelo, uno de los mencionados en el pronunciamiento. Agregó que "en absoluto" tienen intereses económicos.

Asimismo, los comuneros rechazan la presencia de Rodmy Cabrera, procedente de Arequipa, del sociólogo Mauricio Quiroz Torres y de Edward Quiroga Vargas, director del Centro Islámico del Perú. "(Estas personas), escondiéndose tras banderas indigenistas, buscan distorsionar nuestras luchas orientándolas a sus intereses políticos e ideológicos habiendo tomando inconsultamente el nombre de nuestras comunidades campesinas", indicaron.

En la actualidad, Rodmy Cabrera y Gerónimo Corupuna dirigen la Asociación Unión de Comunidades Campesinas de Influencia Directa e Indirecta Afectados por el proyecto minero Las Bambas (Uccamba). Según los comuneros, desde esta organización Cabrera utiliza sus nombres sin ningún tipo de autorización.

En el documento mencionan que la minera MMG Las Bambas ha alentado "divisiones y negociaciones paralelas". La empresa respondió a este diario que "solo participa de los procesos formales de diálogo convocados por la autoridades".

Del 16 al 22 de octubre, la provincia de Cotabambas se declaró en paro luego de que el comunero Quintino Cereceda Huisa falleciera de un balazo en la cabeza tras un enfrentamiento con la Policía durante una protesta contra el proyecto minero. La paralización motivo que el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, llegara a la zona de conflicto y pidiera una tregua de 45 días, la cual fue aceptaba a nivel provincial.

Entre las demandas de las comunidades está el pedido de una opinión técnica del Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto minero Las Bambas, así como un seguro ambiental, el asfaltado y mantenimiento permanente de la carretera por donde se realiza el transporte de los minerales.

También se pide declarar de interés nacional la provincia de Cotabambas, un convenio marco provincial con la empresa sobre responsabilidad social, apoyo a las familias de los fallecidos en los enfrentamientos con la Policía, cese de denuncias a dirigentes y revisión de convenios de la empresa minera con la Policía Nacional.

Fuente: El Comercio, redactor Miguel Neyra