- Foro virtual: Transmitido vía Zoom y Facebook
- Moderado por: Marina Irigoyen y Jorge Falla (Co-coordinadores, GDMDS)
- Realizado el 14 de julio del 2021
La reciente publicación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, señala el punto de partida de una nueva etapa en la gestión de las empresa se desarrolló el foro virtual: "Minería & Derechos Humanos" organizado por el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS).
El evento contó con la participación de Edgardo Rodríguez y Federico Chunga (MINJUSDH), quienes tuvieron a su cargo la presentación del tema, la cual fue comentada por un panel conformado por: César Gamboa (DAR), Evelyn Torres (MINEM), Lourdes Huanca (FENMUCARINAP) y Bettina Reyna (SNMPE). Luego la presentación y la primera ronda de comentarios de los panelistas, los participantes hicieron llegar sus comentarios y preguntas, punto de partida de un animando un intercambio de puntos de vista.
Edgardo Rodríguez y Federico Chunga explicaron que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante PNA), es el resultado de un largo proceso de diálogo entre diversas instituciones del Estado, gremios empresariales, sindicatos, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, con el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La finalidad es propiciar una coordinación intersectorial en temas de empresas y derechos humanos a través del diálogo continuo entre todas las partes interesadas, para identificar mejoras en el accionar del sector privado.
Proceso del Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
Edgardo Rodríguez comentó que la participación de los actores involucrados, en el proceso que condujo a la formulación del PNA se dio a través de una convocatoria abierta, concordando en una metodología y generando espacios de capacitación. “La elaboración de diagnósticos y líneas base fue lo que nos tomó más tiempo, pero ha dado como resultado 97 acciones que fueron diseñadas, proyectadas y discutidas con actores del Estado para su aprobación”, acotó.
Se trató de un proceso eminentemente participativo, descentralizado y orientado a la búsqueda de consensos, a través de diálogos regionales, talleres de capacitación y reuniones con los actores involucrados. En el contexto de la pandemia, el proceso tuvo que adecuarse al uso de plataformas virtuales, esto tuvo aspectos positivos, como la mayor disponibilidad para las reuniones, pero también aspectos negativos, como la limitada participación de actores regionales, por problemas de conectividad y acceso a internet.
En la misma línea, Federico Chunga explicó que el diagnóstico y la línea base sobre minería recibió 510 aportes de los diversos actores, siendo sector empresarial el más participativo (49%); sus aportes fueron tomados en cuenta para ser incorporados en el documento final (87%).
Fuente: Foro virtual "Minería y Derechos Humanos: Retos y oportunidades" - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Igualmente, se mencionaron las condiciones a tener en cuenta para continuar avanzando en el proceso de implementación del PNA, como:
- Fortalecimiento de enfoques interculturales, de género, entre otros, para la implementación del PNA.
- Diálogo entre iguales altamente participativo, descentralizado, de calidad y con enfoque intercultural.
- Fortalecimiento institucional: Estado, sector empresarial, pueblos indígenas y sociedad civil.
- Debida diligencia empresarial bajo estándares internacionales (transparente y conectada con la política pública).
- Coherencia al interior del Estado, en relación a la política pública sobre Empresas y Derechos Humanos.
- Mayor eficiencia y presencia del Estado en zonas con actividad minera.
En conclusión, Federico Chunga recordó que la minería es una de las actividades económicas más importantes del país, pero también fuente de afectaciones en los derechos humanos de las personas. El reto es fortalecer la capacidad de implementar una debida diligencia que prevenga, aborde y remedie estas potenciales afectaciones. Si bien los esfuerzos por incorporar mecanismos de debida diligencia son reconocidos, y cuentan con el apoyo de la OCDE, persisten aún brechas en la implementación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Comentarios al Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA)
En relación al PNA, Cesar Gamboa, Director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), reconoció que se trata de una herramienta de planeamiento, que cuenta con principios de orientación, sin embargo, le falta ambición. Posiblemente muchos aspectos queden solo en el documento. “Hubiera sido interesante que el PNA brindara, más que mandatos de optimización, reglas específicas para vincular a los distintos actores, para que sepan conducirse”. Esto en referencia a temas como debida diligencia, identificación, prevención o reducción de los impactos negativos a los derechos humanos y conducta empresarial. “Sin embargo, se ha dado un primer paso; es un buen inicio, pero hay temas en los que podemos hacerlo mejor juntos”, añadió.
De igual manera, Bettina Reyna, coordinadora del Comité de Derechos Humanos y Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) concordó con César Gamboa en relación al proceso, ellos lo ven como un vaso medio lleno. “Para nosotros, el PNA es un punto de partida, es un logro haberlo aprobado como país, es un primer plan. Esperamos seguir el ejemplo de Chile o Colombia que ya se encuentran en un segundo proceso.” También mencionó la importancia del mismo: “todos los participantes merecemos un aplauso, logramos dejar de lado nuestras diferencias y sumar esfuerzos en aras del objetivo en común: tener una hoja de ruta como país en el tema de empresas y derechos humanos”, sostuvo.
Trabajo colaborativo de los actores involucrados
A su turno, Evelyn Torres, representante del Ministerio de Energía y Minas, precisó que el esfuerzo colaborativo pone de manifiesto que es posible construir políticas de Estado a partir de procesos de diálogo, con amplia participación de todos los actores involucrados. “El PNA es producto de una construcción colectiva, en la que no faltaron posiciones diametralmente opuestas, pero los esfuerzos desplegados permitieron llegar a consensos”, indicó.
Remarcó que, desde el Ministerio de Energía y Minas, se prioriza el enfoque preventivo. “Nosotros como MINEM establecemos criterios para la prevención de la conflictividad, seguimos ciertos protocolos para hacer un mejor trabajo en el tema de consulta previa, con el apoyo de guías para definir de manera objetiva nuestra tarea y proteger los derechos humanos”.
A su vez, César Gamboa también resaltó el valor del diálogo entre iguales en el proceso, recalcó la importancia de conocer las diferencias, limitaciones y participación de los menos tienen y puedan ser los más afectados. “Muchas veces la sociedad civil ha tenido que apoyarlos, es importante establecer un diálogo entre iguales, pero tomando en cuenta las diferencias existentes para optimizar la participación de todos”, agregó.
Posiciones distintas
Los ministerios suman esfuerzos para proteger los derechos de las poblaciones. señaló Evelin Torres; en el caso minero, comentó que el sector promueve la inversión para generar desarrollo, es durante este proceso que se debe hacer cumplir y proteger a aquellos cuyos derechos podrían ser vulnerados. Del mismo modo, indicó que la inversión puede ser considerada como un vehículo para que la población acceda al ejercicio de derechos a los que a veces, bien por lejanía o problemas estructurales, no tiene acceso.
Frente a lo señalado, Lourdes Huanca, representante de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), indicó su preocupación por que “tenemos regiones como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, que han sido ocupadas por empresas mineras, pero estas regiones son zonas de pobreza y extrema pobreza. No hay un desarrollo económico real”.
Lourdes Huanca agregó que la gran riqueza de la producción de minerales como el oro, plata y cobre no se ve reflejada en la vida de los pueblos indígenas. “Tenemos a Cuajone, donde la mina está a un paso de la comunidad Tala Ocata Coscore. ¿Cuál es del desarrollo de estas comunidades en los cincuenta años de presencia de la empresa minera? No existe un desarrollo económico, se ha notado en esta pandemia que campesinos e indígenas están excluidos. Ahora se está viendo el tema de las vacunas, pero luego de haberse demostrado que estamos abandonados”, finalizó.
Reflexiones finales
El PNA abre la posibilidad de establecer una hoja de ruta a futuro, en el tema de empresas y derechos humanos. Las 97 acciones estratégicas planteadas tienen que ver --en su mayoría—con el rol y participación del Estado, pero la sociedad civil y organizaciones indígenas deben mantenerse en el proceso y trabajar junto con el sector empresarial. Ante esto, Bettina Reyna recalcó que todos debemos de apoyar, desde donde estemos, el proceso de implementación.
Para Cesar, en cuanto a las expectativas, señaló temas específicos, como gestión ambiental, derechos de pueblos indígenas, consulta previa, ordenamiento territorial, y contaminación por metales pesados. Considera estos temas que se han quedado en el tintero. “Se ha dado un primer paso, queda en manos de los actores y del nuevo gobierno, la correcta implementación. Este plan es un buen inicio, pero creo que hay temas que podemos hacerlo mejor en conjunto”, reiteró.
El enfoque seguido en el plan ha sido el de identificación de brechas; es importante valorar las críticas y evaluar los riesgos, no se trata de continuar en lo mismo, sino de mejorar y hacer ajustes donde sea necesario. Ante esto, Evelyn Torres remarcó que el PNA nos da la oportunidad de establecer una hoja de ruta a futuro, resaltando el esfuerzo compartido entre el Estado, sociedad civil y sector privado.
Finalmente, Lourdes expresó la necesidad de tener una mirada crítica y autocrítica sobre la situación. “Estamos en el bicentenario, pero los pueblos indígenas nos sentimos abandonados”. Ante esto, comentó que seguirán sugiriendo y planteando soluciones para verdaderamente lograr una equidad en el diálogo con las empresas mineras. “Nosotros como organización no estamos en contra de diálogo o instancias que se dan para mejorar, pero hay que seguir avanzando para lograr una vida digna para los pueblos indígenas en relación al desarrollo económico, pero respetando nuestros derechos humanos y a la Pachamama”, concluyó.
Agradecimiento y cierre
Antes de cerrar el evento, los moderadores agradecieron a los expositores, panelistas y asistentes, destacando que el espíritu que anima todas las actividades del Grupo de Diálogo Minero, es presentar la lectura y apreciaciones de los actores involucrados. Los consensos no son automáticos, las posiciones contrapuestas son --precisamente-- el punto de partida del diálogo y la búsqueda de consensos. El foro no ha agotado el tema, es el punto de partida de una reflexión de largo aliento sobre un tema que de ahora en adelante será parte de nuestro día a día: la conducta empresarial responsable en el campo de los derechos humanos.
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