Como sabemos, ante la aparición de casos de infección en Perú de la pandemia mundial coronavirus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, el pasado 15 de marzo el presidente Vizcarra anunció una cuarentena total en el país: la “ley de aislamiento social”. Junto a esta decisión se decretó el Estado de Emergencia y días después, martes 17, el Ministerio de Energía y Minas en concordancia con el Ministerio de Economía y Finanzas, informó que los trabajadores del sub sector minero también están incluidos en la relación de personas que pueden circular por las vías de uso público, a pesar de la declaratoria de emergencia. Ello para garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, cumpliendo con los Protocolos establecidos. Es decir, con las medidas relacionadas con la seguridad, salud y ambiente.
Se ha dado el caso de empresas, como la Sociedad Minera Cerro Verde que redujo el número de sus trabajadores, adoptó acciones preventivas ante la emergencia y suspendió su producción por un periodo de 15 días. Antamina, por su parte, obtuvo autorización del Gobierno para el traslado a sus hogares de sus colaboradores, identificados dentro del grupo de riesgo (mayores de 60 años, con diabetes o hipertensión). Además, de implementar la modalidad de teletrabajo y mantener al mínimo el personal en operaciones denominadas críticas. Se escuchan rumores que Minera Las Bambas no estaría limitando sus actividades, aunque no es confirmado.
Ante este panorama, cabe realizar algunas reflexiones. Hasta donde se tiene conocimiento, parecer ser razonable que algunas actividades básicas e indispensables del ciclo minero (como seguro de otras actividades económicas) mantengan el mínimo de su funcionamiento para que luego se pueda restablecer a plena capacidad operativa. Pero el funcionamiento en estas actividades críticas conlleva a priorizar las medidas de salud de los trabajadores compensando el esfuerzo y riesgo que implica. La coyuntura, por tanto, demanda un claro ejercicio de responsabilidad social de las empresas para cuidar la vida y salud de sus trabajadores así como una activa e informada actitud de autocuidado y derecho al cuidado de su salud por parte de los mismos trabajadores.
Como consecuencia de la restricción de las actividades mineras en Perú se tendrá una menor producción y venta, y por tanto un menor canon minero, regalías, entre otros; afectaciones de los proveedores de servicio; etc. A esto se suma el efecto del Covid-19 en las economías de los consumidores de minerales a nivel mundial, China especialmente, afectados temporalmente en su crecimiento, y por ende en la demanda del cobre. ¿Qué impacto tendrá esta situación en las economías y gobiernos regionales y locales si a ello se añade la restricción general de otras industrias, el comercio, etc.?
El adelanto de canon anunciado por el presidente Vizcarra y la prórroga para que los GORE y las municipalidades lo sustenten y soliciten es una salida temporal. Esta es una situación en que una vez más se muestra nuestra dependencia de los minerales (Chile vive una situación similar y hasta más grave) exigiéndonos repensar el desarrollo de los otros sectores. Sin embargo, no es un hecho aislado para la economía nacional que vive en medio de los vaivenes de la economía minera, subida y bajada de precios, conflictos sociales y ahora una emergencia. Nos hace pensar una vez más tanto en diversificar la economía como en generar consensos para el desarrollo de una minería competitiva y responsable social y ambientalmente.
Por lo mismo, es también un momento para volver a pensar algunos temas de la relación entre la minería y el desarrollo sostenible en Perú, es decir cómo desde esta rama de actividad de tanta importancia para el país y el mundo se puede fortalecer las condiciones para la sanidad ambiental.
¿Cómo colocamos la propuesta de Visión de la Minería al 2030 en este escenario? Será oportunidad para que – al margen de los cambios institucionales en el MINEM- los y las participantes de RIMAY incentivemos que la propuesta trabajada y consensuada por meses por este colectivo multiactor sea ampliamente socializada en las regiones, recogiendo sus pareceres para enriquecer la propuesta.
Marina Irigoyen A.
Co-Coordinadora del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible GDMDS
Lima, 19 de marzo del 2020
Saludos para comunicarles que ya implementamos el Grupo de dialogo en Moquegua hemos puesto en debate el documento de nuestra querida Marina Irigoyen y un artículo que también les comparto importante de Carlos Mejia Alvites y el que les comparto de nuestra organización la idea es que luego de la lectura de estos documentos tengamos una primera opinión colegida respecto al impacto del COVID EN MOQUEGUA,que compartiremos gustosos una vez que concluyamos el ejercicio.BENDICIÓN.
UNA MIRADA AL IMPACTO DEL COVID 19 EN LO SOCIAL-ECONOMICO Y POLITICO EN EL SUR DEL PERU:
Katherine Maldonado
Directora IFOSOCJ
El Perú, nuestra patria, está en el quinto día de emergencia, China, donde empezó esta pandemia global lleva 80 días. Al 9 de marzo según la OMS se reportan más de 118 mil infectados en 114 naciones y han muerto más de cuatro mil doscientos personas (Olvera L., 2020) en el Perú según MINSA al 19 de marzo doscientos cincuenta y cinco casos a nivel nacional, tres compatriotas muertos, en Arequipa tres y Moquegua y Tacna en cero casos.
Empecemos por lo positivo de esta crisis sanitaria el medio ambiente mejora sus condiciones, la polución en las ciudades disminuye por ende el calentamiento global disminuye, pero el alto costo a la vida humana causante de la contaminación global básicamente por las políticas económicas no debió llevarnos a este punto.
Se presentan binomios contrarios: conciencia colectiva versus individualismo, obediencia civil versus anarquía, acaparamiento y especulación con el posterior desabastecimiento contra la débil presencia del estado en las economías locales y la macroeconomía para regular al empresariado que es tratado de forma desigual, el modelo económico implementado en los últimos treinta años fracasa por sí mismo, insisto debemos evolucionar humanizando la economía, forjando democracia cuyo fin supremo sea la vida.
El incremento de precios a pesar de no haber reglas claras al respecto se intenta controlar, y el PBI disminuirá por la baja recaudación de impuestos en turismo, en el consumo masivo de los servicios que no se brindan por las medidas sanitarias entre otros, estamos aún en la tercera etapa y será insuficiente nuestros ingresos estatales en una no muy lejana cuarta etapa de no seguir las normas establecidas, para ciertos sectores demasiado drásticas pero insisto necesarias.
Las medidas asumidas: aislamiento social, tráfico de personas absoluto, medidas sanitarias estrictas se refuerza en la convivencia familiar y en la fortaleza del núcleo familiar, valores ancestrales que se retoman como parte de la solución permiten a los ciudadanos con liquidez abastecerse y permanecer en los hogares. El sector informal y de escasos recursos son los más afectados su condición económica.
Los sistemas de salud y educación, débilmente descentralizados, son precarios y con escaso presupuesto, infraestructura e implementación hoy por ejemplo se anunció recién la autorización para que en Arequipa haya un laboratorio que dentro de cuatro horas entregue resultados, un pedido del gobernador regional de días atrás sin atender. En Moquegua una inversión de 170 millones está abandonada en el Hospital de contingencia de San Antonio bajo la administración del MINSA pedido para alquilar por el Seguro Social con alta demanda por los sectores público y privado también a la espera.
La escuela pública no cuenta con sistemas de comunicación digitalizados que permitan que nuestros estudiantes puedan acceder a clases virtuales, se ha perdido el contacto con los estudiantes y padres de familia en los niveles inicial, primaria y secundaria.
Se ha declarado a la gran minería como actividad de interés nacional en contraposición con una informalidad laboral agobiante injusta e inhumana en donde las condiciones laborales del trabajador mínimas y extremas. Esta situación da la razón al fundamentalismo ambiental utópico de sectores contrarios a esta actividad minera. La agricultura continua con sus actividades forma parte de la cadena de provisión de alimentos, la mano de obra no calificada de este sector es la menos informada y una de las más expuestas por la movilización que por ejemplo se genera en épocas de cosecha en Islay en abril y mayo.
A través del SISFOH se ha ofrecido a atender a familias de extrema pobreza con un bono de 380 soles el MIDIS está en arduo trabajo, la focalización es difícil debido a la informalidad y la viveza de muchos ciudadanos que evaden impuestos para ubicarse como pobres y se corre el peligro de atender a los casos reales.
En lo político el ejecutivo se ha fortalecido, el nuevo congreso aun no sintoniza con la necesidad de enfrentar desde varios frentes el COVID-19 , se garantiza la independencia de poderes, a nivel local sin embargo las pugnas políticas entre autoridades no interiorizan que el COER se convierte en emergencia en la máxima autoridad, debiera penalmente intervenir el Ministerio Publico para penalizar desde el ciudadano de a pie que incumple las medidas hasta las autoridades que aprovechan oportunidad para cuestiones partidarias y personales antes que de colaboración y respeto a las normas emitidas a nivel central, pueden complementar no variar indico en conferencia de prensa el presidente Martín Vizcarra.
En cuanto a la ejecución presupuestal de los niveles de gobierno, a la que cualquier ciudadano tiene acceso, sigue nula o baja pese a que se cuenta con presupuesto de emergencia por lluvias, y por pandemia, las reacciones aún son lentas igual sucede con el adelanto de canon minero desde el año pasado para ejecutar con mayor facilidad.
El servicio civil que realiza el personal de Salud, Policía Nacional y Ejército tiene escasa implementación en materiales de protección, de igual forma pasa con el trabajador municipal y regional que se mantiene en alerta (Serenazgo, limpieza pública, las mismas autoridades) y hay que hacer mención honrosa a los reporteros que mantienen a la ciudadanía informada.
Finalmente casos como el del proyecto minero Las Bambas con acuerdos colectivos entre empresa y trabajadores dignos de mencionar, pero a su vez colocar como mal ejemplo a la Universidad Católica Santa María de Arequipa que despidió a sus practicantes por falta de presupuesto a pesar que la pensión se paga con un mes de adelanto, son solo ejemplos de dos caras de la misma moneda, sobrellevar una responsabilidad social real indica primero luchar contra el asistencialismo de la población acostumbrada a la dadiva antes que a la igualdad de condiciones y a la mayor participación en las ganancias.
#Vencere…mos
EL CORONAVIRUS Y LA PRECARIEDAD LABORAL EN EL PERÚ
Una de las características del mercado laboral peruano es su precariedad. Tengo la impresión de que estos primeros días de cuarentena general han demostrado que las relaciones laborales están construidas de manera endeble, confusa y desigual.
Más allá de un inicio errático, la Presidencia ha mostrado mayor claridad y uniformidad de criterio. El subsidio planteado por el Gobierno es un paliativo importante, necesario y urgente.
Uno de los ministerios menos eficaces e inteligentes ha sido el de Trabajo y Promoción del Empleo. Parece que para la titular de esa cartera, la crisis no representaba un peligro. Sus iniciales declaraciones resolviendo el problema con “adelanto de vacaciones” no sólo provocaron el rechazo de la ciudadanía sino que fueron rápidamente descartadas por el Gobierno.
Ahora, en medio de la cuarentena obligatoria, aparecen inequidades y quejas desde el mundo del trabajo. La pandemia, como sabemos, afecta el desarrollo de las actividades sociales y económicas. Los últimos mensajes presidenciales van aclarando el panorama y podemos ver la estrategia para responder a la crisis.
Sin embargo, uno de los problemas más serios para enfrentar la actual situación es el nivel de desregulación que tiene nuestro mercado laboral. En la actualidad, hay un componente muy grande de autoempleo y de fraude laboral, es decir lo que conocemos como “informalidad” y esto dificulta seriamente las medidas tomadas. El sector asalariado dependiente es un grupo importante pero menor numéricamente. El sector de autoempleo prácticamente vive de su actividad diaria entonces interrumpirla es poner en peligro su supervivencia. La atención del Gobierno apunta a los sectores más vulnerables, lo cual es lógico, pero aún queda un sector de autoempleo que escapa del nivel de pobreza extrema. El bono de 380 soles es un apoyo, pero claramente insuficiente.
Desde el mensaje presidencial, en La Comuna (asociación que brinda asesoría jurídica y sindical) venimos recibiendo cientos de denuncias acerca de las presiones que reciben los trabajadores para asistir a laborar en estos días. Hay empresas de producción de cerveza y gaseosa que mantienen sus labores. Y en el caso de los servicios, venimos registrando ceses o despidos de trabajadores con contratos temporales. Un caso extremo ha sido el de una empresa que mediante una comunicación virtual indica a sus empleados que si la policía les interroga digan que están yendo a visitar a un familiar. Peor aún, en algunas empresas de manufactura se extienden vacaciones adelantadas, medida ya descartada por el Gobierno, pues el Decreto de Urgencia 026-2020 señala claramente que se trata de licencia con goce de haber y posterior compensación del trabajo no realizado.
Todos estos problemas podrían haberse evitado si dentro del centro de trabajo existiera un sindicato organizado que pudiera concordar con los empresarios alternativas consensuadas. Pero como hemos dejado desaparecer a los sindicatos o hemos impedido su desarrollo, el desbalance de poder dentro de la empresa es tan grande, que muchos empresarios simplemente hacen lo que quieren.
El presidente ha señalado que las empresas que violen lo dispuesta serán sancionadas. Muy bien, pero debemos saber que la capacidad de Sunafil para fiscalizar es muy limitada. Aquí ha quedado claro también que las denuncias públicas tienen resultado cuando son puntuales. Es el caso de Cineplanet y Renzo Costa que estaban despidiendo a trabajadores u obligando a tomar vacaciones y por la presión mediática han revertido esas malas decisiones.
La estructura laboral del país después de 30 años de desregulación indiscriminada nos ha dejado con numerosos grupos indefensos, economías de subsistencia y un Ministerio del Trabajo mental y funcionalmente pro-empresarial.
¿Dónde están los estudios de abogados que promueven la flexibilidad laboral, los contratos temporales, que se alegran cada vez que desciende la afiliación sindical y gozan con el discurso iluso-emprendedor? ¿Dónde está el lobby que quiere cerrar las pensiones públicas y la seguridad social?
Mantener el fraude laboral (contratos desnaturalizados) como si fuera un componente más de nuestra estructura laboral nos coloca en una situación vulnerable como sociedad para enfrentar cualquier crisis social. Son varias las lecciones que van saliendo de esta situación: normas laborales que comprendan la complejidad del proceso productivo moderno; fortalecer la afiliación sindical y mejorar la fiscalización laboral.
Aún hay tiempo, pues la crisis recién empieza y será necesario garantizar niveles de producción adecuados y al mismo tiempo salvaguardar la salud de la ciudadanía.
Por: Carlos Mejía Alvites