Por: Ricardo Morel Bossio

En estas últimas semanas de reuniones e infinitas conversaciones acerca de los diversos conflictos que han escalado en cinco regiones del país, es casi imposible irse a dormir sin pensar en alguno de ellos, o en todos a la vez. Me he tomado decenas de cafés y he asistido a múltiples reuniones con antropólogos, sociólogos, comunicadores, consultores, analistas, especialistas, conflictólogos y opinólogos. También he tenido la oportunidad de reunirme con autoridades y funcionarios de algunas empresas del sector extractivo y de la cooperación internacional. En resumen, he alimentado mi inconsciente, compulsivamente, con el tema de la conflictividad alrededor de la minería.

Es así que el último fin de semana decidí liberarme, temporalmente, de llamadas urgentes y de reuniones no programadas, por lo que me tomé la libertad de dedicarme a mis asuntos personales. El viernes en la tarde apagué el celular y la computadora. Salí a divertirme, sanamente, con la familia, disfrutando cada momento de esta desconexión, breve pero necesaria. Y el domingo, sin ver los programas dominicales, me eché a dormir plácidamente a tempranas horas. Pero el inconsciente empezó a trabajar inmediatamente. Esa noche tuve un extraño sueño.

Soñé que despertaba de una siesta en el año 2021 y que, dedicado todavía a la consultoría en el sector extractivo, las cosas habían cambiado, relativamente hablando.

Tenía, en mi escritorio, una invitación a un cóctel a realizarse, en menos de una hora, por el aniversario del Consejo Minero Peruano, una organización integrada por las seis empresas más grandes que operaban, con altísimos estándares sociales y ambientales, proyectos mineros en el Perú. Tomé una ducha rápida y salí para el evento. En la reunión, era casi un foráneo que no encajaba en las conversaciones. Poco a poco me encontré con amigos y conocí a otros nuevos, con lo cual me puse al día en menos de quince minutos. Descubrí que, efectivamente, las cosas eran distintas.

Me enteré que el ex proyecto Tía María (su nombre había cambiado) había entrado a etapa de construcción; Southern, antes de irse del Perú, había vendido el proyecto a un consorcio transnacional con altos estándares hace unos años. Luego de un paciente y púbico proceso de diálogo multiactor, empresa, población y Estado, se habían puesto de acuerdo para darle la luz verde a la operación.

Descubrí, para mi sorpresa, que nuevas generaciones con una visión distinta a la que yo recordaba, habían tomado la dirección de empresas mineras peruanas en la sierra de la Libertad y que ya algunas de éstas habían sido propuestas para integrar el Consejo Minero. Hace varios años que no había conflictos en la zona.

Me contaron que el Consejo Minero Peruano, junto al Gobierno Nacional, a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la Red de Municipalidades, a la Red Nacional de Líderes Sociales y a la red de ONG, lideraba un esfuerzo para diseñar una estrategia y un plan de acción para reconstruir la reputación del sector minero, convertido éste en un actor más, importantísimo, pero no el único, del desarrollo del Perú.

Varios proyectos que tenían allá en el 2016, prácticamente, las horas contadas, habían iniciado construcción u operaciones recientemente: Río Tinto con La Granja, Angloamerican con Quellaveco, Lumina Copper con Galeno.

En Cajamarca, además del despegue de la floricultura, se había implementado un nuevo modelo de desarrollo que era un ejemplo de buenas prácticas y sujeto de análisis y réplica en otros países, bajo un modelo multiactor macro, integrando Michiquillay con Galeno y Conga.

¿Cómo habían podido cambiar tanto las cosas en sólo cinco años? En mi sueño todavía, sin querer levantar sospechas, empecé a preguntar qué es lo que había pasado en el último lustro. Rescato algunas cosas que recuerdo.

El sector minero había, por fin, abandonado su burbuja. Entendió, luego de tantos conflictos y demoras, que el Perú no era, en esencia, un país minero, o que por lo menos, así no lo percibían la mayoría de sus ciudadanos. Los ingresos provenientes de la minería habían ayudado a potenciar actividades como el turismo y la agricultura, que generaban orgullo e identificación. “Perú País Minero” era un eslogan para el olvido. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos, con un buen trabajo, había logrado promover inversiones importantes y éramos nuevamente un país exportador de petróleo.  La Sociedad Nacional de Minería mantenía como miembros a todas las empresas del sector, incluyendo proveedores; y, le había cedido el liderazgo a un gremio fuerte y moderno con muy altos estándares: el Consejo Minero Peruano.

Habiendo tantas cosas por comunicar, el sector minero trabajó por varios años una campaña, menos publicitaria y más pedagógica, que incluía redes sociales, versiones de audiovisuales en varias lenguas y un ejército de voluntarios, muchos de ellos escolares, estimulados por las sinergias generadas por un sector que había descubierto que la mejor manera de mejorar su reputación era haciendo cosas y no diciendo que las hacía. Los mejores comunicadores fueron los escolares de las regiones.

Las instancias reguladoras y fiscalizadoras del Estado se habían simplificado, convirtiéndose en ejemplos de ventanilla única y eficiencia. Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, no le tembló la mano cuando cerró una operación durante seis meses el año 2019. La empresa minera corrigió su error, elevó sus estándares y pagó una millonaria multa. Los principales diarios, alabaron esta insólita reacción.

En un esfuerzo sin precedentes, las empresas habían iniciado el 2018 un intenso y novedoso proceso de capacitación de los Comités de Monitoreo Socioambientales Participativos. Autoridades de comunidades campesinas se habían convertido en técnicos ambientales, con carreras cortas de 3 años financiadas por el Estado, las universidades y las empresas. Los casos de éxito, se reproducían en reportajes televisivos y periodísticos. Los conceptos de Área de Influencia Directa e Indirecta habían caído en desuso. Las empresas habían empezado a pensar no “fuera de la caja” sino “fuera de la mina”. El Área de Influencia Operativa AIO era el estándar para cualquier operación minera.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental SENACE había tomado las riendas de la evaluación ambiental y social. En el 2017, su directorio en pleno amenazó con renunciar si no le transferían todas las facultades que requería para su funcionamiento, así como el presupuesto necesario. En medio de una pequeña crisis de Estado, el gobierno no cedió a la presión de los sectores más conservadores y fortaleció a la institución, que era ahora percibido como un organismo imparcial y riguroso. El 2020, el SENACE había cambiado el enfoque de los Estudios de Impacto Ambiental, volviéndolos instrumentos de gestión, realmente, participativos y transparentes.

Y, finalmente, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS se había desactivado, convirtiéndose en el Laboratorio de Desarrollo Sostenible LADESO, una suerte de think tank, un espacio de pensamiento innovador y disruptivo, donde empresas, comunidades, academia y Estado, se dedicaban a pensar, diseñar y premiar proyectos innovadores. El año pasado, un proyecto de Salud y Educación Intercultural de un grupo de empresas que operaban en el sur andino, había ganado un premio internacional otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID.

Yo estaba muy excitado, apuntando todo en mi pequeña libreta, seguro de haber encontrado una ruta, una pista para poder ayudar a vencer los nuevos retos que en estos momentos atravesaba el sector.

En medio de la euforia, me desperté.

*Escrito con la colaboración de Hugo Martínez Garay