Los acontecimientos ocurridos en la provincia de Espinar desde la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria en el país, son resultado del impacto de la pandemia en la economía de las familias campesinas y en los negocios de la ciudad. Se han visto afectados el empleo, los ingresos y la cadena de pagos, así como se ha puesto en riesgo la continuidad de las actividades agropecuarias por falta de liquidez. A ello se suma las dificultades en la entrega de los bonos del gobierno a las familias en situación de vulnerabilidad.
Dos factores hacen que la objetiva urgencia económica de la población se exprese en la solicitud de entrega en efectivo de un “bono humanitario” financiado por los recursos del Convenio Marco: uno, la lógica cortoplacista que se ha impuesto en la relación empresa minera y organizaciones sociales y dos, la percepción generalizada que los fondos del Convenio Marco es dinero que le pertenece a los pobladores de Espinar.
Es claro que el conflicto social es lo permanente y que se expresa de manera continua en incidentes sociales de mayor o menor envergadura. La pregunta es si la naturaleza de esos incidentes lleva a que el conflicto se transforme en una oportunidad para que germinen nuevos equilibrios sociales o, por el contrario, hace que las brechas sobretodo subjetivas se acrecienten.
Un análisis de la relación entre el estado, la empresa minera y la población de la provincia, representada por sus alcaldes y organizaciones sociales, permite sostener que esta se ha basado en demandas-negociaciones principalmente de carácter rentista y de corto plazo. No se han creado las condiciones para compartir una visión y plan concertado de desarrollo territorial de mediano y largo plazo. Esta relación siempre está urgida por satisfacer demandas inmediatas de servicios básicos como salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, que debería proveer el Estado por cuenta y riesgo, sin que sean resultado de la presión social con muertos y heridos; así como, a demandas para remediar o compensar impactos ambientales de las operaciones mineras que han afectado recursos como tierras, agua y la salud de sectores de la población y que el Estado a través de sus organismos supervisores debieron cautelar y sancionar a tiempo.
En esa inmediatez y urgencia en la relación entre estos tres actores estado - empresas mineras - organizaciones sociales (OSC) por un lado, ante la presión de la protesta y las medidas de fuerza (bloqueos) se han firmado una serie de compromisos por parte de los sectores del ejecutivo y de la propia empresa y, por otro, la percepción de la población que valora que salvo algunos, en su mayoría estos no se han cumplido en la envergadura o velocidad que se esperaba; generándose más desconfianza y provocando nuevos incidentes con costo social demasiados altos que han marcado la relación subjetiva entre las partes.
Esa matriz de relacionamiento y escenario sociopolítico configurado en ese territorio dado, ha sido propicio para la intervención de ciertos actores, que por la multiplicidad de sus fines, siempre es difícil generalizar una caracterización y los roles que desempeñan. Estos son los operadores políticos, algunos actuando directamente como líderes comuneros y urbanos, otros actuando desde organizaciones sociales, algunas de ellas externas al territorio y otros al lado de las empresas o como funcionarios y autoridades políticas. Lejos de suscribir teorías conspirativas, queda claro en general que sus discursos responsabilizan abierta y de manera unilateral a una de las partes en conflicto. O es la actividad minera por los abusos, violaciones de derechos humanos y por no contribuir con el desarrollo social afectando en cambio el medio ambiente y los recursos naturales. Los otros en cambio, responsabilizando a los líderes y organizaciones sociales de actuar con intereses políticos propios. En un foro de debate democrático estos discursos no sólo tienen derecho a expresarse sino a revisarse la veracidad de su contenido. El problema es el rol que juegan algunos actores políticos en el momento de la confrontación. ¿Atizan la crisis o ayudan a encaminar el conflicto? ¿Deben ser juzgados por delitos cometidos o si se apresa a algunos se está criminalizando la protesta social? Ese debate sin resolución acrecienta aún más las brechas subjetivas del conflicto. Esto es lo que viene ocurriendo en Espinar.
Este enfoque para el análisis del conflicto permite entender por qué el respaldo masivo a la demanda del “bono humanitario” que no sólo suponía un ingreso de dinero fresco a la economía familiar, sino también, lo que en la mente de la gente era su derecho, porque ese dinero les pertenece y lo gastarían en lo que mejor les convenga. Cerca de 50 millones de soles gastados al libre albedrío.
Solo después de interpuesta la demanda del “bono humanitario” se hace recuerdo que está pendiente la reformulación del Convenio Marco, que hay varios compromisos incumplidos y que debe procederse a la consulta previa para la ampliación del proyecto Coroccohuayco, adelantando incluso que será rechazado. Esto evidencia que estas demandas posteriores son el plus que suman los activistas políticos a la plataforma para que la protesta tenga un continuum después de la entrega del bono. Así como la descalificación de sus promotores es también el plus de los otros operadores políticos. Encontrar la raíz del incidente siempre es complejo en medio de estos avatares.
Las condiciones en las que se produjo el despliegue de la movilización no fueron las mejores. Si bien se hicieron sentir en plena pandemia, no fue por su masividad, sino por la acción de grupos de comuneros que lograron bloquear determinados puntos estratégicos de la provincia que afectaron el corredor minero. Los incidentes se tornaron violentos. La acción comunicativa de las redes sociales rápidamente victimizaron a los pobladores de Espinar, logrando el respaldo de los medios de Lima. Se promueve ahora una campaña por “las graves violaciones a los derechos humanos” producidas por la policía nacional a quienes se quiere penalizar. Por su parte, los hechos de violencia contra la empresa y los efectivos policiales quedan ahí, como es usual que ocurra en los incidentes sociales violentos. ¿Es posible entendernos en este punto?
El “efecto dominó” no se dejó esperar y se reprodujo de inmediato casi en los mismos términos en el distrito de Caylloma contra la Mina Caylloma (ex Mina Bateas) y amenaza extenderse a la provincia de Caylloma, donde el frente de defensa ya lanzó la demanda y a la provincia de Chumbivilcas y algunos de sus distritos, donde las diferentes organizaciones sociales y activistas se aprestan para lanzar su demanda contra la Mina Constancia (Hudbay).
En suma, lo que está en cuestión y que estos incidentes ponen de manifiesto, es la matriz de relacionamiento estado – empresas mineras – organizaciones sociales que tiene un carácter rentista y cortoplacista. Una nueva matriz socioterritorial deberá construirse para que los conflictos sean una oportunidad de cambio y no incidentes continuos con costo social que solo sirven a grupos de poder locales, empresas insuficientemente precavidas y responsables y a un estado burocrático e ineficiente, todo bajo el manto de la desconfianza y narrativas demagógicas.
Las características de los continuos incidentes sociales ponen en cuestión también la matriz de la responsabilidad del Estado de proveer de servicios básicos de calidad a la población para establecer un piso común para que todos tengan iguales oportunidades, como ya se ha dicho, básicamente en salud, educación, seguridad, justicia y conectividad. Esta nueva matriz obliga al estado a planificar, como parte de su obligación de cumplimiento de los derechos humanos, la accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas de todas las regiones a estos servicios básicos o bienes públicos sin que estén sujetos a la capacidad de presión de las organizaciones sociales, amenazas de bloqueos y muertos. Y mucho menos, abandonando a las localidades con presencia de empresas mineras para que estas asuman lo que le corresponde al Estado. La generación de valor compartido por las empresas no debe reemplazar en esa función propia del Estado.
Pero además está en cuestión la matriz del transporte del mineral de la macro región sur: la demanda de pavimentación de la carretera –que sin duda hay que hacerla- solo beneficia a las comunidades adyacentes por el pago del derecho de vía, pues el problema a resolver es más complejo y nacional. El puerto de Matarani está en su máximo de operatividad y las ineficiencias en el embarque del mineral que ahí se producen por las limitaciones de su actual capacidad instalada, tienen un costo altísimo, reduciendo su rango de competitividad internacional. Las filas de camiones y barcos han llegado a su límite. Entonces, tendrá que pensarse en otro puerto como el de Marcona y otra modalidad y ruta para el transporte del mineral de la macro región sur, más aun considerando el ingreso próximo de operaciones de Quellaveco, la ampliación de Las Bambas y Antapaccay y en algún momento la apertura de Tía María (SPCC). Deberá planificarse un mineroducto y un ferrocarril hacia Marcona. Ese es el debate que debe encararse por parte del estado, las empresas mineras y las organizaciones sociales de la macro región sur.
En suma, visión de desarrollo territorial para cambiar la naturaleza de la relación entre el estado – las empresas mineras y las organizaciones sociales, asunción de la obligación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del estado para la dotación de servicios básicos a la ciudadanía y resignificar los roles de los operadores políticos en su desempeño en el conflicto social.
