• Cuarto Foro del Grupo de Diálogo
• Realizado: 22 de diciembre, 2021

Cerrando el año, el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible organizó el foro virtual “Minería y desarrollo: reflexiones y perspectivas 2022”, generando un intercambio de opiniones sobre el contexto de conflictividad social en el sector minero, en aras de buscar alternativas que contribuyan con la gobernabilidad y la paz en esta importante actividad productiva.

Dando inicio a este esfuerzo de reflexión, Pablo O’Brien, especialista en gestión de conflictos en el sector público, compartió sus puntos de vista sobre la viabilidad de actividades extractivas como la minería en el país.

Paralizaciones y afectación del desarrollo

O’Brien indicó que la paralización de las operaciones del proyecto minero MMG las Bambas y el anunciado cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho representan un golpe para el Perú por su impacto en la caída de las acciones de estas empresas en los mercados internacionales, generando una imagen negativa sobre el clima de inversión en el país.

“En cuatro meses de lo que va el gobierno actual, el Corredor del Sur estuvo cerrado por más de 80 días; los manifestantes reclaman ser incluidos en la cadena de valor minero. El Estado ha intervenido en el caso, pero omitió exigir el desbloqueo de la vía para que el diálogo se de en condiciones de paz”, expresó. 

También, pararon las operaciones de Cerro Lindo (Ica) de la empresa Nexa luego de una semana de bloqueos de la comunidad. A esta lista se suma la mina Uchucchacua de Buenaventura (Oyón), la cual que paralizó operaciones ante el bloqueo impuesto por la comunidad. De igual forma, Antamina hizo un anuncio similar ante el riesgo de manifestaciones en sus operaciones.

El escenario en el llamado corredor minero es similar al del circuito de hidrocarburos. “Desde los inicios el Gobierno de Castillo, los lotes se encuentran paralizados, solo están operativos los lotes 67 y 95”, prosiguió O’Brien. El clima de inestabilidad en este sector, se profundiza al no tener un Viceministro de Hidrocarburos hace dos meses.

Este contexto viene afectando al sector económico más importante del país, apuntó. La exportación minera representa el 65% de todas las exportaciones, valorizada en US$ 40 619 millones. El crecimiento de la economía está vinculado a este sector, su expansión permitió mejorar las condiciones de vida en los entornos mineros. En el corredor minero la reducción de la pobreza es significativa, sólo se explica por el impulso de esta actividad.  

En los últimos años el crecimiento en las zonas más pobres se dio por el aporte de la minería.  “En el año 2010, Apurímac era la segunda región más pobre del Perú, concentraba el 63.1% de pobreza. En Cotabambas la pobreza pasó del 63.5% en el 2007, al 34.2% en el 2009. En el mismo periodo, Espinar redujo la pobreza de 62.1% al 32.7% y Chumbivilcas pasó de 83.3% al 54.4%”, explicó.

Otro aporte significativo fue al canon minero para la ejecución de proyectos, directamente por el Estado. “Del 2003 al 2020, las regiones recibieron más de 6 mil millones de soles en aportes provenientes de convenios marco y fondos sociales, acuerdos directos negociados por los dirigentes de estas provincias, regalías y otros conceptos”, precisó. 

Sin embargo, persiste la conflictividad. O’Brien considera que este escenario es producto de políticas públicas mal diseñadas y de las propias estrategias de responsabilidad social de las empresas mineras, “han introducido incentivos, han generado mecanismos de búsqueda de renta en entornos de escaso potencial productivo, como el corredor minero y el circuito petrolero”. Indicó que el problema radica en que para seguir o incrementar estos beneficios se recurre a la confrontación, “ocasionando un espiral de conflictividad permanente”.  

“No todo es culpa de Castillo, los últimos gobernantes tienen mucho que ver. En el 2018, según la encuesta del Instituto Fraser, el Perú se ubicaba en el puesto 18 entre de los países con mayor interés para la inversión minera. En el 2019 pasamos al puesto 24, en el 2020 caímos al puesto 34; se trata de un deterioro muy rápido, el cual refleja la precariedad de la gobernabilidad del país, pero también la desatención a este sector por los últimos gobernantes”, expresó.

El especialista explicó que las operaciones en las dos zonas económicas más importantes del país: el corredor minero y el circuito petrolero, han devenido en socialmente inviables, como consecuencia de una espiral permanente de conflictividad. Las medidas adoptadas por el Estado han sido contraproducentes: no se logró el desbloqueo de las vías, se han desarticulado los equipos de diálogo en el territorio, prestaron oídos a las demandas de líderes extremistas, etc. todos estos hechos han contribuido a consolidar este escenario de conflictividad.

 Mirando y repensando sobre la minería

Culminada la intervención de Pablo O’Brien, los participantes hicieron uso de la palabra, a continuación, una apretada síntesis de lo expresado:

• Se está buscando un diálogo en Chumbivilcas (Espinar). El 30 de diciembre se ha programado una reunión con participación de la premier y ministros además de representantes de la población. La comunidad propuso un enfoque de desarrollo territorial priorizando la zona de influencia donde hay una diferencia en el desarrollo. A la población del Corredor le falta mayor información, capacitación y, sobre todo, diálogo multiactor para evitar la desinformación.
• Hasta ahora, los espacios de diálogo no tuvieron los resultados esperados. La distribución del canon no se da de una manera correcta. Los gobiernos regionales y locales no están destinando los fondos a obras públicas que beneficie a la población. Hay problemas de fondo como la migración de la población por falta de empleo, la desinformación y poca transparencia sobre el gasto del canon y regalías, la débil fiscalización al uso de estos fondos, entre otros.
• En este escenario no se está considerando el contexto de pandemia y la reactivación económica y social ante una posible tercera ola por la variante Omicron. Un aspecto a considerar para el próximo año es el contexto político local por las elecciones para gobiernos regionales y locales. Hay una agenda pendiente en la actualización de los planes de desarrollo local y distrital que no se está trabajando.
• Las medidas implementadas buscaban el desarrollo de las zonas mineras, están fracasando, hay que mirar con mayor amplitud las dinámicas del territorio, no solo considerando la actividad minera, sino en función de los intereses reales de la población. Otro aspecto, es el valor compartido, no solo el beneficio de un grupo, sino de todos los involucrados.  Actualmente hay una expectativa rentista de corto plazo, con cero visión y confianza.
• Hay preocupación en la población por la afectación de la calidad de agua en la cabecera de cuencas donde se realiza la actividad minera al poner en riesgo la conservación de los recursos hídricos. Se reconoce que los ríos están siendo afectados por malas prácticas ambientales de algunas empresas mineras y poca fiscalización del Estado. 
• En la minería artesanal hay preocupación en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). A la fecha solo hay 10 mil mineros artesanales formalizados de los 80 mil registrados. Todos los mineros registrados que no fueron formalizados pasarían a ser ilegales al vencer el plazo a finales del año. En el Estado hay desconocimiento del procedimiento del registro y la identificación del minero artesanal, que debería estar dentro de la formalización.
• En el corredor minero, especialmente en Chumbivilcas, se han dejado de lado los derechos fundamentales de la población; solo se utiliza a la población para negociar, acceder a recursos económicos o para ser proveedores de servicios de la minera.
•  El diálogo es el instrumento por el cual dos o más actores que se respetan mutuamente pueden llegar a acuerdos, para establecer alianzas estratégicas que promuevan desarrollo. La conflictividad se ha incrementado porque priman los intereses personales y de grupo.
• No hay conflicto entre la actividad minera y su entorno, hay conflictos entre personas que buscan beneficios personales. Se debe trabajar desde mesas de desarrollo, no desde propuestas a corto plazo como en las mesas de diálogo o negociación; en estas mesas de desarrollo deben participar todos los actores y actividades productivas.
• A su turno, Marina Irigoyen, Co-coordinadora del Grupo de Diálogo, sugirió que, así como se forman amautas mineros, de debe hacer un esfuerzo semejante para formar amautas del diálogo. Una segunda propuesta es desarrollar una política nacional sobre minería en el marco del Acuerdo Nacional, donde se discuta los retos de la minería y del diálogo, considerando los avances de RIMAY. En tercer término, propuso promover cadenas de valor con transparencia y haciendo uso de metodologías probadas a nivel internacional. 
• A su turno, Jorge Falla, Co-coordinador del Grupo de Diálogo puntualizó que, así como existen derechos de la población, también la población tiene deberes que cumplir, como el respeto a la propiedad, mantener la paz y el orden público; nuestros derechos terminan donde empiezan los deberes de los demás.
• Otro aspecto a considerar es la delimitación de la cabecera de cuenca, tema técnico que lamentablemente está siendo politizado; no se trata de establecer zonas de exclusión económica en el territorio, las actividades económicas pueden y deben desarrollarse con una adecuada gestión social y ambiental.
• Es importante entender la dinámica del territorio, pero también la representatividad e intereses de los actores; la experiencia demuestra que las poblaciones ubicadas cerca de una operación tienen una posición más favorable a la minería; el problema es la población ubicada fuera del área de influencia ambiental directa, quienes se sienten marginados de los beneficios de la actividad minera, sus dirigentes suelen promover acciones violentas.
• Ciertamente el Grupo de Diálogo promueve el diálogo, pero para ser fructífero, debe darse con transparencia y buena fe, con la participación de quienes representan los intereses de la población y no intereses particulares, sin agendas ocultas; en ausencia de estas premisas de partida, no hay forma que el diálogo sea la herramienta que contribuya a la gobernabilidad democrática que el país necesita, concluyó Jorge Falla.

Cerradas las intervenciones, los Co-coordinadores agradecieron las intervenciones y la participación, no sólo en este foro, sino en las actividades realizadas por el Grupo de Diálogo Minero a lo largo del año, deseando a todos y cada uno, unas felices fiestas de fin de año.

¡Regresaremos recargados el próximo año!

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