* Por Luis E. Ore Ibarra, Abogado Mediador Consultor Internacional en Negociaciones y Procesos de Consenso, Ex Presidente 2010-2011 de la Sección Internacional de la Association for Conflict Resolution, Vicepresidente 2011-2012 del Comité de Inversiones y Desarrollo Internacional de la American Bar Association y Director Fundador de ORASI Consulting Group.
Cada nuevo gobierno democrático en el Perú enfrenta el dilema de los conflictos sociales en el contexto del desarrollo económico y la protección ambiental hacia el desarrollo sostenible del País. El nuevo gobierno definirá acciones que generarán consecuencias diversas, se pueden tener relaciones antagónicas o de colaboración, relaciones distributivas de valor o relaciones integradoras de valor. El nuevo gobierno debe ser estratégicos con la implementación de políticas y procesos con miras de largo plazo para poder integrar intereses diversos, generar valor, ganancias para todos y construir relaciones de confianza, en lugar de utilizar enfoques puramente legalistas de corto plazo y de satisfacción inmediata que condicionan paradigmas distributivos y generan relaciones de control y cumplimiento en lugar de relaciones de cooperación y compromiso.
Peligro inminente: Piedras, clavos y palos en el corredor
El corredor minero es una extensa zona geográfica que integra varias regiones (Cusco, Apurímac, Arequipa) en donde se ubican grandes proyectos mineros. Algunos importantes proyectos en el corredor son: Antapaccay (US$ 1,400 millones) en la provincia cusqueña de Espinar; Constancia (US$ 1,700 millones) en Chumbivilcas; Las Bambas (US$ 10,000 millones) en la provincia de Tambobamba y Tía María (US$ 1,400 millones), y culmina en el puerto de Matarani, Arequipa.
Desde enero de 2016, el Montonoero ha estado alertando del peligro inminente en el corredor minero y la estrategia de algunos grupos y sectores para detener la minería en el sur del Perú. Más allá de individualizar personas o movimientos, lo cierto es que actualmente (junio 2016) se sigue organizando y haciendo un trabajo de base para ejercer el poder y la fuerza, y cuestionar proyectos de inversión en el corredor minero.
No se puede negar la existencia de personas que se oponen a proyectos de inversión minera, tampoco podemos negar que no se ha hecho suficiente trabajo para entender el propósito o lo que motiva esta oposición, puede ser que se busque la utilización de mejores prácticas en las actividades mineras o practicas más limpias para explotación de recursos naturales, puede ser que se busque una reivindicación histórica o proteger el sentido de identidad de determinados grupos, puede ser que se busque el establecimiento de un sistema de gobierno fundamentalista, o puede ser que se busque la satisfacción de necesidades básicas de la población o que cada poblador este significativamente mejor de lo que estaba antes de la llegada de un proyecto de inversión, o puede ser el uso de una táctica de parecer radical para maximizar beneficios en negociaciones suma cero (puramente distributivas) o puede ser que se busque satisfacer el sentido de autonomía sin la imposición de decisiones que no consideran preocupaciones locales. Estas y muchas otras pueden ser las motivaciones, preocupaciones, intereses, necesidades, y aspiraciones por las que personas, grupos o movimientos cuestionan o manifiestan oponerse a proyectos mineros y proyectos de inversión.
Algunos informan que movimientos y grupos de izquierda como el Frente Amplio, Tierra y Libertad, Sutep, Movadef, entre otros están trabajando arduamente para generar condiciones de rechazo a proyectos mineros en el corredor minero referido. Parece estar en proceso un reacomodamiento de fuerzas políticas para tener un mayor protagonismo y control en ciertas instituciones, desde la revocatoria de alcaldes en el cusco y espinar, la búsqueda de la gobernación regional por parte una ex candidata presidencial, el regreso de alcaldes pasados a Espinar, la creación de nuevos frentes de defensa, el uso de asesores en mesas de desarrollo que han detenido otros proyectos, e incluso dentro de la misma administración del gobierno actual, pareciera que se pretende minar el camino al próximo gobierno con normas “con truco” que pretenderían limitar las posibilidad de la implementación de proyectos de inversión.
Un ejemplo de normas que generan riesgos es el Decreto Supremo No.005-2016-PCM, del 21 de Enero del 2016, que declara que el Distrito de Chalhuahuacho es una zona con una importante historia y sede de culturas ancestrales, con tradiciones, costumbres y formas de vida muy propias; esta declaración pareciera reconocer de manera implícita la existencia de pueblos indígenas u originarios en la zona del proyecto las Bambas, por lo las comunidades de los demás distritos de la provincia de Cotabambas podrían cuestionar que no han sido incluidos como herederos de culturas ancestrales y exigir la realización de un proceso de consulta previa o demandar la nulidad del proyecto las Bambas por vulneración de su derecho a la consulta previa.
Otro ejemplo de una norma que puede generar riesgos es la reciente modificación de la finalidad del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas conformado por la Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM del 14 de noviembre del 2015, para realizar el “seguimiento de las acciones de desarrollo en la Provincia de Cotabambas; la coordinación intersectorial para el cumplimiento de dichas acciones; y, otras que sean determinadas por los integrantes del Grupo de Trabajo”. Es así que mediante Resolución Ministerial Nº 128-2016-PCM del 14 de junio 2016 se modifica la finalidad del grupo de trabajo consignándose que la finalidad es “realizar el seguimiento a las acciones en favor del desarrollo de la provincia de Cotabambas que contemplen una adecuada gestión en la protección de los derechos fundamentales de sus pobladores; asimismo, efectuar el seguimiento participativo y las acciones necesarias para una adecuada gestión ambiental en torno al proyecto minero Las Bambas”. Alguno podría cuestionar que esta norma estaría limitando el seguimiento a las acciones que únicamente contemplen una adecuada gestión en la protección de los derechos fundamentales de sus pobladores, y que ya no se consigna la coordinación intersectorial para el cumplimiento de acciones, limitándose así también el desempeño y efectividad del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas. Además, alguno podría alegar que efectuar el seguimiento participativo, si bien puede dar mayor legitimidad a acciones y decisiones informadas, también puede complejizar la labor de seguimiento del grupo de trabajo, dificultando su realización toda vez que gestionar procesos participativo implica contar cierta capacidad especial que la administración generalmente no cuenta, y con esto dificultar el rol del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia, esta complejidad podría entonces entorpecer relaciones locales y autolimitar las labores del grupo de trabajo.
Las acciones de intervención de asesores en mesas de desarrollo con un enfoque suma cero, ganador-perdedor o con un paradigma del todo-o-nada pueden también generar riesgos para la viabilidad de proyectos de inversión. Una posición atrincherada e intransigente dura durante la etapa de negociación o deliberación en la mesa de desarrollo con un enfoque maximalista de suma-cero (donde la ganancia de uno es la pérdida del otro) puede resultar en ganancias de corto plazo en detrimento de ganancias de largo plazo y puede dañar relaciones en lugar de construir de relaciones de confianza y colaboración que beneficien a todos. Por ejemplo, un asesor puede pretender modificar el área de influencia directa definida y aprobada en un Estudio de Impacto Ambiental a través de declaraciones unilaterales o compromisos producto de una negociación posicional durante la interacción en una mesa de desarrollo y con esto generar una nueva obligación que modifique condiciones previas o afecte intereses propios o de terceros. Si la interacción en la mesa de desarrollo se ve como una negociación puramente distributiva donde el objetivo es reclamar y demandar valor, seguramente se perderá la oportunidad de generar valor y riqueza con beneficios para todos. Si las partes se dieran cuenta que más allá de diferencias culturales o marcos ideológicos pueden colaborar para explorar intereses, generar valor y definir la distribución de valor de acuerdo a criterios objetivos de legitimidad más allá de voluntad de uno u otro con un sentido de justicia, podrían hacer tangible la generación de riqueza con beneficios para todos. Quizás la última interacción del mes de junio del 2016 en la mesa de diálogo sobre el proyecto Constancia entre la empresa Hubday y las autoridades y dirigentes del distrito de Velille y las declaraciones de ampliar la zona de influencia directa del proyecto pueden ser un ejemplo de este enfoque maximalista que busca resultados de corto plazo pero que puede afectar resultados y relaciones de confianza de largo plazo con beneficios para multiples actores.
En el país hay una multiplicidad de intereses y siempre existirán diferencias, el problema es cómo se gestionan estas diferencias. En términos generales, los conflictos y diferencias se gestionan de tres maneras: 1) Ejercicio del Poder: Usar el poder para forzar o coaccionar a alguien para actuar; 2) Adjudicación de Derechos: Recurrir a un tercero para que decida quien tiene la razón. Establecer proceso y procedimientos que determinen quien tiene legalmente el derecho y quien no; y, 3) Reconciliación o integración de Intereses: Tratar de satisfacer necesidades, preocupaciones, y temores de los involucrados.
Es importante indicar que la mayoría de los sistemas utilizados para resolver diferencias y controversias vinculadas a proyecto de inversión en el sector extractivo están diseñados para adjudicar derechos y no para reconciliar ni integrar intereses. Los sistemas basados en el ejercicio del Poder o sistemas basados en la adjudicación de Derechos son menos eficientes para producir resultados sostenibles porque los resultados pueden cambiar una vez que el balance de poder cambie, por ejemplo, con cambios en el poder político por elecciones o por decisiones de los tribunales. Los enfoques basados en el ejercicio del Poder y basados en la adjudicación de Derecho por lo general destruyen las relaciones entre las partes creando ganadores y perdedores, generando desconfianza y hostilidad. Los proyectos de inversión minera requieren implementación de largo plazo y dependen del apoyo de una amplia gama de actores interesados para asegurar su sostenibilidad en el tiempo, más allá de los funcionarios y elegidos. Estas son decisiones que son más apropiadas para procesos que reconcilian e integran intereses diversos. Está claro que el ejercicio del poder y la adjudicación de derechos no pueden resolver problemas complejos y generar soluciones en que todos se sientan ganadores, esto solo puede ocurrir a través de la integración y reconciliación de intereses.
A todo este análisis debemos añadir la importancia de tender puentes entre las fuerzas políticas representativas en los poderes del estado para construir consensos que generen beneficios para todos los peruanos. Nuestros gobernantes tienen la posibilidad de verse como enemigos durante los próximos 5 años y utilizar todos los mecanismos legales y de gobierno a su disposición para limitar las acciones de uno y otro, o pueden verse como potenciales aliados estratégicos - autónomos, independientes y diferentes - pero que pueden trabajar juntos en función de intereses comunes reconociéndose como parte activa y gestores del desarrollo sostenible anhelado por los peruanos.
El Estado y el sector privado deben ser proactivos y asumir el liderazgo. Por una parte, los líderes políticos a nivel nacional deben decidir trabajar juntos para prevenir la escalada de la violencia y trabajar estratégicamente más allá de la adjudicación de derechos y el ejercicio del poder hacia un trabajo conjunto por la integración y reconciliación de intereses para dar solución a los problemas más complejos del país. Por su parte, el sector privado debe de ser aún más estratégico, constructivo y creativo para accionar e implementar procesos de negociación, consenso e involucramiento multiactor que puedan lograr la implementación de los proyectos de inversión que evidencien que actores locales pueden estar significativamente mejor de lo que estaban antes de la llegada de la inversión y obviamente estar mejor que siendo víctimas y testigos de batallas posicionales y actos de violencia y destrucción.
Si la situación actual en el Corredor Minero no se aborda de manera inteligente y constructiva, ni desde el Estado ni desde el sector privado, me preocupa que seamos testigos de más violencia y más conflictos sociales que cuestionaran la gobernabilidad del País.
