Nuestro segundo foro tuvo como tema la formalización minera, tema complejo, de larga data, con aristas transectoriales, en el cual confluyen diversos actores: estatales, privados, formales, informales, legales e ilegales. La facilitación estuvo a cargo de Marina Irigoyen y Jorge Falla, Co-coordinadores del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS); la finalidad fue que el ponente, y los panelistas, intercambien de puntos de vista sobre la problemática y perspectivas para impulsar el proceso.
En su ponencia, Dante Vera (integrante del Grupo de Diálogo y Gerente General, V&C Analistas), señaló que para desentrampar el proceso de formalización se requiere de un compromiso político y una transformación productiva con enfoque empresarial, siendo el mayor obstáculo el contrato de cesión y explotación, exigido a quienes se acogen a la formalización para concluir el proceso.
Dante considera preocupante la expansión de la minería informal en los próximos años, inducida por el aumento del precio del oro, el desempleo y el retorno de los pobladores a las zonas rurales. El proceso de formalización se ha visto entorpecido por la sucesiva ampliación de plazos, se ha convertido en bandera electoral, a nivel local, regional y nacional. La ilegalidad no se restringe a la producción, incluye también el procesamiento y el financiamiento de estas actividades, las economías ilegales coexisten en determinadas áreas de nuestro territorio con poderes fácticos. Buena parte de los informales trabajan en áreas ya concesionadas, o en concesiones caducas, tema que requiere una revisión integral.
La formalización debe ser impulsada con una mirada integral y la amplia participación de sectores y actores; no es una labor policial o de la unidad de investigación financiera, se trata de un tema que tiene que ver con degradación ambiental y contaminación, violación de derechos humanos, entre otros. La pandemia y el retorno de muchos ciudadanos a sus lugares de origen, donde no hay mayores oportunidades de empleo o emprendimiento, es un problema en ciernes. Solamente en Puno, a raíz de la pandemia, más de veinte mil escolares dejaron de estudiar, muchos de ellos se incorporarían al sector minero informal.
Por su parte, Isabel Calle (Directora Ejecutiva, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental-SPDA), señaló que es necesario hacer un alto y volver la mirada a la agenda pública; no hay gradualidad ni continuidad, la política pública no se sostiene en el tiempo, la dificultad en articular a los actores pone de manifiesto los problemas de estructura de la institucionalidad minera y peruana. Un tema al que no se presta mucha atención es la restauración; estas actividades crean nuevos pasivos, los cuales deben ser identificados y remediados. Para esto se debe conseguir financiamiento y trabajar con el sector privado.
Es necesario, además, trabajar el tema con un enfoque de derechos humanos de todos los actores involucrados, afectados por la minería ilegal y de las diversas formas de economía ilegal. Dada la gravedad del tema, la SPDA, en el marco del sistema de justicia ambiental, viene proponiendo el establecimiento de tribunales ambientales especializados. Sobre el tema de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, Isabel sostuvo que es importante la ratificación del acuerdo Escazú, el cual se encuentra en las fases finales de evaluación en el Congreso.
A su turno, Olinda Orozco (Integrante, Grupo de Diálogo y Presidenta Ejecutiva del Instituto Redes de Desarrollo Social), llamó la atención sobre los miles de mineros que están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y no podrán acceder a la calificación de minero artesanal o pequeño minero al no tener un título minero o mostrar el contrato de explotación. Ante estos hechos, seguirán siendo informales indefinidamente, no hay salida a la vista de la trampa de la ilegalidad
Olinda puso particular énfasis en la necesidad de trabajar desde un enfoque de género en este sector, en cl cual se ha invisibilizado la participación de las mujeres, las pallaqueras no han sido consideradas en ninguna política. Se sabe del número importante de mujeres titulares de concesiones que figuran en el REINFO, solo en Madre de Dios representa el 25%. En estas circunstancias, debe trabajarse con las bases y reconstruir la confianza perdida en el proceso; la participación del Estado y las propias empresas será importante.
A juicio de Alberto Rojas (Director General de Formalización Minera, Ministerio de Energía y Minas), es importante re-evaluar la normatividad que rige el proceso de formalización y plantear mejoras. En los últimos años a partir de la promulgación de los D.L. 1293 y 1336, se han formalizado unos diez mil mineros a partir del 2017, a diferencia de la formalización registrada entre el 2012 y 2016, a la que se acogieron 120 personas.
No se trata de tener un enfoque meramente punitivo, sostuvo Alberto, es fundamental establecer un conjunto de incentivos económicos, teniendo como contrapartida un fondo minero autosostenible. Este fondo estaría orientado al acompañamiento y asistencia a los mineros informales; en este sentido, se está proponiendo que el fondo minero administre concesiones mineras, que hagan posible la suscripción de contratos con mineros en vías de formalización; los recursos obtenidos serían destinados a brindar asistencia técnica.
El foro fue transmitido por la plataforma Zoom y Facebook Live, tras la intervención del expositor y los panelistas, los participantes hicieron llegar sus comentarios, preguntas e inquietudes, vía chat, las cuales fueron respondidas por el expositor y panelistas.
Ver el vídeo del Segundo Foro Virtual del GDMDS.
