Como sabemos, ante la aparición de casos de infección en Perú de la pandemia mundial coronavirus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, el pasado 15 de marzo el presidente Vizcarra anunció una cuarentena total en el país: la “ley de aislamiento social”. Junto a esta decisión se decretó el Estado de Emergencia y días después, martes 17, el Ministerio de Energía y Minas en concordancia con el Ministerio de Economía y Finanzas, informó que los trabajadores del sub sector minero también están incluidos en la relación de personas que pueden circular por las vías de uso público, a pesar de la declaratoria de emergencia. Ello para garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, cumpliendo con los Protocolos establecidos. Es decir, con las medidas relacionadas con la seguridad, salud y ambiente.

Se ha dado el caso de empresas, como la Sociedad Minera Cerro Verde que redujo el número de sus trabajadores, adoptó acciones preventivas ante la emergencia y suspendió su producción por un periodo de 15 días. Antamina, por su parte, obtuvo autorización del Gobierno para el traslado a sus hogares de sus colaboradores, identificados dentro del grupo de riesgo (mayores de 60 años, con diabetes o hipertensión). Además, de implementar la modalidad de teletrabajo y mantener al mínimo el personal en operaciones denominadas críticas.  Se escuchan rumores que Minera Las Bambas no estaría limitando sus actividades, aunque no es confirmado. 

Ante este panorama, cabe realizar algunas reflexiones. Hasta donde se tiene conocimiento, parecer ser razonable que algunas actividades básicas e indispensables del ciclo minero (como seguro de otras actividades económicas) mantengan el mínimo de su funcionamiento para que luego se pueda restablecer a plena capacidad operativa. Pero el funcionamiento en estas actividades críticas conlleva a priorizar las medidas de salud de los trabajadores compensando el esfuerzo y riesgo que implica. La coyuntura, por tanto, demanda un claro ejercicio de responsabilidad social de las empresas para cuidar la vida y salud de sus trabajadores así como una activa e informada actitud de autocuidado y derecho al cuidado de su salud por parte de los mismos trabajadores. 

Como consecuencia de la restricción de las actividades mineras en Perú se tendrá una menor producción y venta, y por tanto un menor canon minero, regalías, entre otros; afectaciones de los proveedores de servicio; etc. A esto se suma el efecto del Covid-19 en las economías de los consumidores de minerales a nivel mundial, China especialmente, afectados temporalmente en su crecimiento, y por ende en la demanda del cobre. ¿Qué impacto tendrá esta situación en las economías y gobiernos regionales y locales si a ello se añade la restricción general de otras industrias, el comercio, etc.?  

El adelanto de canon anunciado por el presidente Vizcarra y la prórroga para que los GORE y las municipalidades lo sustenten y soliciten es una salida temporal. Esta es una situación en que una vez más se muestra nuestra dependencia de los minerales (Chile vive una situación similar y hasta más grave) exigiéndonos repensar el desarrollo de los otros sectores. Sin embargo, no es un hecho aislado para la economía nacional que vive en medio de los vaivenes de la economía minera, subida y bajada de precios, conflictos sociales y ahora una emergencia. Nos hace pensar una vez más tanto en diversificar la economía como en generar consensos para el desarrollo de una minería competitiva y responsable social y ambientalmente.

Por lo mismo, es también un momento para volver a pensar algunos temas de la relación entre la minería y el desarrollo sostenible en Perú, es decir cómo desde esta rama de actividad de tanta importancia para el país y el mundo se puede fortalecer las condiciones para la sanidad ambiental.

¿Cómo colocamos la propuesta de Visión de la Minería al 2030 en este escenario? Será oportunidad para que – al margen de los cambios institucionales en el MINEM- los y las participantes de RIMAY incentivemos que la propuesta trabajada y consensuada por meses por este colectivo multiactor sea ampliamente socializada en las regiones, recogiendo sus pareceres para enriquecer la propuesta.

Marina Irigoyen A.

Co-Coordinadora del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible GDMDS

Lima, 19 de marzo del 2020