[Gupodedialogo] [Grupodedialogo] Defensor del Pueblo recomienda incrementar las acciones de implementación del derecho a la consulta previa

[Alicia Abanto]

/Sobre los derechos de los pueblos indígenas/
*DEFENSOR DEL PUEBLO RECOMIENDA INCREMENTAR LAS ACCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA *
Nota de Prensa N° 205/DP/OCII/2013

.    Funcionario respaldó las recomendaciones emitidas por James Anaya, 
Relator de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas.
.    Defensor coincide en realizar un estudio sobre pueblos en 
aislamiento y consultar a la población en contacto inicial que habita en 
el ámbito del Lote 88.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, recomendó desarrollar mayores 
acciones para la implementación del derecho a la consulta previa porque 
ello --subrayó- permitirá al Estado peruano garantizar los derechos de 
los pueblos indígenas y actuar en consonancia con sus obligaciones 
internacionales.

Así lo manifestó al cabo de la reunión sostenida con el Relator de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James 
Anaya, quien visitó recientemente nuestro país con la finalidad de 
analizar la implementación del derecho a la consulta previa y los 
efectos de las actividades de las industrias extractivas sobre los 
pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.

Dijo que, contar con un  ambiente de confianza mutua entre el Estado y 
los pueblos indígenas es una condición necesaria para el desarrollo de 
la consulta previa. Por ello, entre otras medidas, se requiere que el 
Estado fortalezca su capacidad para implementar la consulta previa en 
términos metodológicos, logísticos y presupuestarios, remarcó Vega en 
respaldo a lo indicado por Anaya.

Con respecto al proyecto de ampliación de actividades en el Lote 88, la 
mayor parte del cual se encuentra superpuesto a la Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, Anaya dijo que el Estado y la empresa 
deben actuar con la máxima cautela y asegurar la no vulneración de los 
derechos humanos antes de autorizar la ampliación de las operaciones. 
Por ello, Vega coincidió con el Relator en que es necesario "un estudio 
exhaustivo, con la participación de todos los interesados y expertos 
competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos 
indígenas no contactados en el área del Lote 88".

Anaya, también señaló que debe realizarse un proceso de consulta con los 
pueblos indígenas que habitan en el ámbito del Lote 88, previamente a la 
adopción de la decisión sobre la propuesta de ampliación de actividades. 
Esta consulta debe considerar a los pueblos indígenas en contacto 
inicial susceptibles de ser afectados, prestando especial atención a sus 
condiciones de vulnerabilidad.

Vega recordó también que el Relator recomendó al Estado revisar las 
normas que regulan el proceso de relacionamiento de la población en 
contacto inicial con la sociedad nacional a fin de garantizarles el 
suministro de servicios públicos y llevar adelante procesos de consulta 
con respecto a las decisiones estatales que pudieran afectarlos.

Con relación a la consulta que debe efectuarse con respecto a las 
actividades extractivas en el Lote 192, Anaya sostuvo que, el Estado y 
la empresa deben realizar sin dilación sus mayores esfuerzos para 
asegurar la remediación ambiental en dicha circunscripción a fin de 
garantizar condiciones de vida adecuadas de la población indígena.

Vega recalcó lo indicado por Anaya en el sentido que las otras demandas 
de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes 
y Marañón sobre titulación de tierras, mayor presencia del Estado, 
indemnización y compensación por el uso de sus tierras para actividades 
petroleras, son justas y por tanto deben ser abordadas para llevar 
adelante un proceso de consulta previa en un marco de confianza y buena fe.

Más adelante, Anaya señaló que "el enjuiciamiento de indígenas por sus 
actos de protesta no debe emplearse como método para reprimir su 
libertad de expresión, y debe realizarse únicamente en los casos en que 
hayan claros indicios de criminalidad".

Vega coincidió con el funcionario de Naciones Unidas en la importancia 
de fortalecer los medios necesarios para que las autoridades estatales 
escuchen y atiendan las preocupaciones de los pueblos indígenas.

Como se recuerda han transcurrido más de 18 años desde la incorporación 
del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en nuestro 
ordenamiento jurídico. No obstante los avances logrados, la Defensoría 
del Pueblo considera que el cumplimiento de este derecho vigente 
constituye una materia pendiente por lo que continuará supervisando a 
las entidades del Estado a fin de que cumplan con los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas de nuestro país.

Lima, 19 diciembre del 2013.


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